Casi en el último minuto. El gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha logrado el respaldo jurídico necesario para impulsar un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permita poner límites a la proliferación de las casas de apuestas y salones de juego en Sevilla. La moratoria de un año que aprobó el Pleno municipal para impedir la apertura de nuevos negocios mientras se tramitaba una solución expira este miércoles, 17 de marzo, el mismo día en el que el Consejo de la Gerencia de Urbanismo dará luz verde a la propuesta que se elevará al Pleno.

La delegación de Hábitat Urbano ha buscado in extremis una solución que evitase la confrontación con la Junta de Andalucía que hace un mes advirtió  al Ayuntamiento de Sevilla, al igual que a otros municipios, que no tenía las competencias para regular en esta materia y que toda norma que s aprobase sería tumbada.

Desde el gobierno municipal, no obstante, se ha defendido que la medida consistía en una regulación urbanística, sobre los usos del suelo, que sí son competencia de los ayuntamientos. En concreto, la propuesta municipal consiste en establecer una distancia mínima entre estos negocios de juego y los centros educativos y otros puntos de encuentro de población juvenil con el argumento de que evitar las adicciones al juego y proteger a los jóvenes y basándose en informes oficiales que confirman los riesgos de una actividad económica que ha generado un auténtico problema de salud pública, sobre todo, en los barrios más humildes.

La salida que ha encontrado el gobierno municipal para no entrar en colisión con la Junta es establecer la misma distancia física que prevé el decreto autonómico que se está elaborando. Concretamente, la propuesta fija un área de protección urbanística en torno a los centros educativos donde estudian menores de la ciudad de 150 metros de forma que en estos límites no se puede implantar ninguna actividad de casas de apuestas o salones de juego. Esta distancia se considera por parte de los servicios jurídicos como una medida “proporcionada” puesto que elevarla a 500 metros supondría en la práctica impedir la implantación en el término municipal una decisión que de acuerdo con los servicios jurídicos excede las competencias del Ayuntamiento.

En cualquier caso, para el gobierno municipal es imprescindible que la Junta actúe y limite esta actividad y se permita a los ayuntamientos limitar urbanísticamente dentro de sus competencias un tipo de negocios que supone un riesgo para la salud pública. “Mientras esto se produce hemos encontrado esta vía legal y vamos a avanzar en ella”, ha explicado el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz.

La propuesta que se aprobará en una reunión extraordinaria de la Gerencia este miércoles tendrá que aprobarse luego en Pleno. En los anteriores debates salió adelante con los votos de PSOE y Adelante y la abstención del resto de grupos que, en el fondo, aprobaron el interés social de esta modificación del PGOU.