La portavoz del gobierno municipal de Sevilla, Maribel Montaño, ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento no ocultó información y que actuó de forma "absolutamente diligente" en el caso de los ex directivos de Mercasevilla que están acusados de pedir comisiones, actuación que investiga la Fiscalía.

Tras la junta de gobierno, Montaño ha afirmado en rueda de prensa que no informaron a la opinión pública del cese del gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y del director adjunto, Daniel Ponce, para no "entorpecer" la investigación judicial y para no poner en "peligro" las pruebas que existían.

Al ser preguntada por qué se dijo que ambos habían dimitido por cuestiones personales, Montaño ha indicado que ese podía ser un "detalle informativo interesante" pero que existía una "cuestión clara", que es que el 12 de febrero el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), había instado al consejo de administración a que dimitieran.

Los directivos, ante esa petición, decidieron presentar ante el consejo la dimisión, una medida que no puede adoptar directamente el alcalde, ha añadido Montaño.

Ha indicado que desde el gobierno de la ciudad se actuó de forma diligente porque también se paralizó el consejo de administración de Mercasevilla del 6 de febrero cuando había sospechas de la petición de comisiones y se nombró una comisión auditora permanente de la empresa municipal.

Montaño ha agregado que colaboraron permanentemente con la Consejería de Empleo, que fue la que les alertó de las irregularidades de los directivos, y con la Fiscalía.

Ha contrapuesto la actitud del PSOE, que hoy ha expulsado a ambos, con la del PP, que ha presentado una querella contra el juez que imputa a su tesorero, Luis Bárcenas, por un presunto delito de 1,3 millones de euros.

La portavoz del gobierno ha asegurado que este caso es la primera vez que se trata en la junta de gobierno y ha querido enviar un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía porque "los controles de una sociedad sana" han evitado que se cometa un presunto delito.

Contra los dos directivos se han presentado varias pruebas, aunque Montaño no ha querido revelar cuáles son para no entorpecer la investigación y se ha limitado a confirmar que existe una grabación de un vídeo realizada por el empresario al que presuntamente pidieron 300.000 euros para adjudicarle una escuela de hostelería.