El Ayuntamiento introduce nuevos cambios en el registro de VPO

La lista de solicitantes de vivienda pública de Emvisesa se adaptará a la realidad por primera vez tras los recientes cambios legislativos de vivienda en el ámbito estatal y autonómico. El Ayuntamiento de Sevilla aprobó ayer de urgencia en Junta de Gobierno iniciar los trámites para cambiar, con una nueva ordenanza, las condiciones de acceso a una vivienda pública en la capital con vistas a mejorar la eficacia y operatividad del sistema a dos meses para que se agote el plazo oficial para hacerlo.

Hasta ahora los 95.000 demandantes inscritos en la empresa municipal de la vivienda (Emvisesa) no tenían que acreditar, con carácter previo, que cumplían los requisitos económicos exigidos. Inexplicablemente el Ayuntamiento de Sevilla admitía en su lista a todo el que solicitara un piso protegido y sólo a posteriori comprobaba que cumplían los requisitos, lo que ralentizaba la tramitación y adjudicación de estas viviendas. A partir de ahora cada demandante tendrá que declarar que percibe los ingresos anuales que marque el plan de vivienda, que carece de otra vivienda en propiedad y, lo más importante, que la inscripción formal en el registro de demandantes de vivienda protegida sólo se producirá una vez que la Administración haya verificado que son ciertos estos datos, ya que en caso negativo quedaría fuera del registro. Una herramienta informática creada al efecto por la Junta permitirá realizar esta verificación cruzando los datos con la Agencia Tributaria y el Catastro.

Con la aprobación de ayer, Emvisesa iniciará todos los trámites para abrir un nuevo Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida que se adapte a la orden de 1 de julio de 2009 de la Junta que regula la selección de los adjudicatarios de vivienda protegida. También redactará un borrador de ordenanza que regule su funcionamiento.

La orden de la Junta introduce otra novedad: el sorteo no será la única vía para adjudicar viviendas de protección a los demandantes que cumplan los requisitos; ya que se combinarlá con la baremación y el orden de antigüedad. La voluntad del gobierno municipal, según dijo ayer la portavoz Maribel Montaño, es que las 95.000 personas pasen al nuevo registro "sin perder derechos".