El Ayuntamiento reclama a Torrijos el pago de una multa de 200 euros

La Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla ha tenido que recurrir a las páginas del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para reclamar al primer teniente de alcalde y portavoz municipal de IU-CA, Antonio Rodrigo Torrijos, el pago de una multa de tráfico por valor de 200 euros en la que el afectado asegura que carece de responsabilidad. La infracción denunciada por el agente motorista de la Policía Local número 1167 el mediodía del 16 de febrero consistió en un estacionamiento indebido en zona de carga y descarga, tipificado en el artículo 91 del Reglamento General de Recaudación. El Ayuntamiento ha tenido que recurrir a un edicto en el BOP después de casi ocho meses transcurridos sin que la sanción haya sido satisfecha por el denunciado, que aseguró ayer a este periódico que vendió el vehículo cuatro días antes y que, por lo tanto, estaría libre de responsabilidad por estos hechos en todo momento. En cualquier caso, la directora del Departamento de Gestión de Sanciones de la Agencia Tributaria, Victoria Eugenia Guerle Lara, hace saber que la notificación se intentó de forma directa, "no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido". La misma dirigente del organismo recaudador del propio Ayuntamiento informa a los morosos del plazo de alegaciones y de la posibilidad de identificar al conductor del vehículo en caso de no ser el titular del mismo. No consta en ningún momento que Rodrigo Torrijos haya alegado la venta del vehículo.

La infracción se cometió a la altura del número 9 de la calle Imagen, en una zona de carga y descarga muy próxima al monumento de Santa Ángela de la Cruz. La Policía Local considera, de acuerdo con la legislación vigente, que se trata de una infracción grave, de ahí que la sanción impuesta sea de las más elevadas, de 200 euros, como se detalla en las propias páginas del BOP.

Fuentes autorizadas de IU aseguraron a este periódico que Antonio Rodrigo Torrijos vendió el coche, marca Citroën C 5, en contrato privado fechado el 12 de febrero, cuatro días antes de que se cometiera la infracción denunciada por la Policía Local. El portavoz de IU se mostró en todo momento dispuesto a mostrar el contrato en el que, siempre según su versión, consta la obligación expresa del vendedor de hacerse cargo de todos los trámites relacionados con el cambio de titularidad del coche, así como, por supuesto, al pago de las multas derivadas de infracciones cometidas a partir del día 12 de febrero. El comprador del vehículo no habría cumplido con ninguno de estos trámites en los ocho meses transcurridos desde la infracción denunciada por la Policía Local y cuyo pago exige el Ayuntamiento por medio del BOP.