El asunto amaga con acabar en los tribunales y empantanar el futuro de una instalación legada de la Expo 92 que aporta una programación continuada a la oferta cultural de la capital. La decisión de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Sevilla de iniciar un procedimiento que puede acabar con la extinción de la concesión ha sorprendido este viernes a la empresa arrendataria del Auditorio Rocío Jurado, TCM Audiovision, justo cuando había iniciado los trámites para solicitar el visto bueno para la ampliación y mejora del recinto.

Precisamente, es en este marco de regularización que se ha solicitado por parte de la empresa, cuando ha surgido la orden de la junta de gobierno local, que exige a la empresa el pago de una deuda cifrada en 2,5 millones, correspondiente a la liquidación de pagos que debían haberse realizado en los últimos 13 años, desde 2007. La arrendataria tiene ahora un plazo de quince días para presentar alegaciones que justifiquen la situación de cada uno de los ejercicios afectados por estos informes. En caso de que no haya una resolución de esta situación, tras este periodo de alegaciones, se extinguirá el alquiler y volverá a licitarse este espacio.

Depurar las deudas es un paso necesario para la regularización de la situación del citado auditorio Rocío Jurado, que dejará de estar adscrito al ICAS y pasara al área de Patrimonio. “La intención es depurar las deudas, tarde o temprano, había que normalizar esta situación atípica entre arrendatario y arrendador”, ha comentado el delegado de Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, que confía en llegar a un acuerdo con la empresa para que la actividad continúe hasta que se extinga su contrato, para lo que faltan 12 años. Según Muñoz hay predisposición por parte del Ayuntamiento para negociar. “Podemos acordar una cifra definitiva en base a sus argumentos que presente el empresario, que pueden rebajar la deuda y tendrá facilidades para fraccionar el pago si es necesario. Sólo si no hay ningún entendimiento se extinguirá el contrato, pero la voluntad es que el auditorio siga porque enriquece la oferta de la ciudad”, ha apuntado.

Pero la empresa no opina igual y se ha mostrado, de entrada, dispuesta a litigar. Según ha comentado a este periódico Francisco Bustamante, director gerente de TCM, ni la deuda es ésa ni el Ayuntamiento de Sevilla ha emitido facturas en ningún momento. Como una prueba posible, Bustamante recuerda que su empresa entró en suspensión de pagos en 2011 y que el Ayuntamiento, como acreedor, nunca reclamó estas cantidades, sólo unas multas y tasas, lo que no se corresponde con el requerimiento actual.

A TCM le sorprende la decisión, que asegura que no le ha sido notificada aún, porque ha sido la propia empresa la que en varias ocasiones ha requerido de forma escrita, expresa y de forma verbal al Ayuntamiento para que se regularizara la situación del auditorio, la última en diciembre, extremo confirmado por el gobierno local. Es más, Bustamante habla deudas del Ayuntamiento con la empresa. Según su versión, no se han emitido facturas y se han celebrado eventos a cuenta del Ayuntamiento de Sevilla en dicha instalación a coste cero.

El auditorio de la Cartuja fue arrendado a través de un contrato firmado en 2002 por Agesa por un periodo máximo de 30 años, por lo tanto la concesión no tendría que extinguirse hasta 2032. En el año 2006 este alquiler fue transferido al ICAS.

Desde TCM se ha apuntado, con poco optimismo, que se han solicitado reuniones con los técnicos municipales, con los que ya se vienen trabajando en aras de solucionar y regularizar la situación anterior, para que los planes de futuro no se vean truncados.