El CESS aprueba la subida fiscal con la oposición de los empresarios

El Consejo Económico y Social de Sevilla, órgano de consulta y asesoramiento del Ayuntamiento de Sevilla en materia fiscal y presupuestaria, aprobó ayer por 24 votos a favor y 16 en contra el dictamen sobre las ordenanzas fiscales para 2016. Votaron a favor los sindicatos CCOO y UGT y la mayoría de las organizaciones sociales y de consumidores con el PSOE, IU y Participa. Votaron en contra los empresarios, el PP y Ciudadanos. Los empresarios presentaron un voto particular, al que se sumó el PP municipal, por considerar que el incremento de la presión fiscal sobre los empresarios "será muy importante para los grandes y repercutirá sobre todo el colectivo empresarial, en especial la hostelería y el comercio".

La Confederación de Empresarios denunció que el incremento del IBI "no sólo recaerá en los grandes, como proclama el Ayuntamiento, sino que al reducir desde 200.000 euros a 135.000 euros el valor catastral que se toma como referencia en el comercio, el incremento de este impuesto en este sector será de más del 40% con respecto a la cuota del año pasado".

La patronal coincide con el dictamen general del consejo asesor en criticar el silencio municipal con la actualización de los valores catastrales. Critican que una medida, "de tanta trascendencia fiscal, haya sido ejecutada sin la debida publicidad, conocimiento y debate de los ciudadanos". El CESS y los empresarios aseguran que esta actualización sí "afecta a directamente" al IBI, y a los impuestos de plusvalía y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, IRPF o el de sucesiones y donaciones. Lamenta que "una medida de tanta relevancia" que ha pedido el Ayuntamiento y fue publicada en el Boletín Oficial de Estado el 28 de septiembre de 2015 no haya sido explicada a los ciudadanos.

Los empresarios señalan que "el sector de Hostelería sufrirá cuatro subidas de impuestos, alguna de ellas de manera encubierta, al incrementarse no sólo el IBI, sino la tasa de basuras (ahora se le incluyen las terrazas), el IAE y la tasa de veladores (hasta un 4% de incremento en algunas calles)".

Añaden que "en los centros sanitarios privados (clínicas, hospitales, etcétera), las subidas serán espectaculares y hay centros que pagarán más de 70.000 euros con respecto al año pasado".

Los empresarios reclaman al Ayuntamiento que mejore la gestión en la recaudación cobrando deudas a otras administraciones, como la Junta de Andalucía, y que persiga con la Agencia Tributaria la economía sumergida.

El Consejo valora "positivamente" las ordenanzas fiscales del gobierno de Juan Espadas por la congelación global para todos los ciudadanos y la mayor parte del sector empresarial, mientras centra los incrementos "exclusivamente en un muy reducido segmento de éste último, produciéndose un reequilibrio más justo de la carga tributaria". Critica que esta progresividad falta aún en los precios públicos de Tussam y del IMD en función de la capacidad económica.

Elogia la supresión de tasas de la Gerencia, como la que se aplicaba a la Inspección Técnica de Edificios, así como el crédito fiscal creado para las bonificaciones vinculadas al fomento de empleo.

El Consejo ve "especialmente preocupante" el bajo nivel de recaudación en determinados tributos, sobre todo en 2014, y lo achaca a posibles problemas de gestión en la recaudación que urge identificar y resolver con la depuración de los padrones fiscales que dan origen a las liquidaciones y reforzando el papel de la Agencia Tributaria, y estudiar cambios en los periodos voluntarios de pago. Para mejorar la recaudación en periodo voluntario propone recuperar las bonificaciones por domiciliación bancaria vigentes hasta el año 2012. El Consejo acusa al Tribunal Económico Administrativo de "inoperatividad" por el retraso de más de tres años para atender las quejas de los ciudadanos. Ayer, el pleno de la Cámara de Comercio de Sevilla aprobó también pedir al gobierno local que reconsidere subir la presión fiscal y le exige que dé marcha atrás al proyecto de subida del IBI y del IAE que afectará a más de 4.000 empresas no deben ver agravada su situación económica.