La Guardia Civil ha desarticulado una red que vendió casi 600 toneladas de aceitunas con documentación falsa en varios pueblos de la provincia de Sevilla y sospecha que la venta se hacía en estas condiciones para blanquear dinero. La operación, con siete investigados, la ha realizado el equipo Roca de la Guardia Civil de la Compañía de Osuna, dentro de una campaña destinada a investigar y esclarecer los hechos delictivos que se producen durante todo el periodo de recolección de la aceituna.

Durante la denominada Operación Madroño 23 y con la colaboración de agricultores, personal de vigilancia rural, asociaciones y otros entes colaboradores, se esclarecieron 18 delitos de hurto de aceitunas de entidad, se investigó a 28 personas como autoras de estos delitos y se recuperaron alrededor de 30.000 kilos de aceitunas en las diferentes actuaciones.

A raíz de esta investigación y de forma paralela se inició otra operación en la que los agentes se centraron en puestos de compra de aceitunas ubicados en la Sierra Sur. Allí se detectó la presencia de grupos de personas que transportaban aceitunas amparadas con documentos de acompañamiento del fruto que levantaron las sospechas de los agentes.

Con el apoyo de la Delegación Territorial de Agricultura en Sevilla, los investigadores obtuvieron indicios suficientes de la comisión de numerosos delitos de falsedad en los documentos públicos utilizados en las actividades desarrolladas por las personas responsables de los centros de compra de aceitunas.

Por estos hechos se investiga a siete personas como presuntos autores de los supuestos delitos de falsedad en documento público y se demostró que 553.849 kilos de aceitunas fueron entregadas y molturadas con el amparo de documentación falseada.

Además de remitir las actuaciones a los juzgados de Instrucción de Osuna y Estepa para determinar las posibles responsabilidades penales, se confeccionó un extenso informe que fue dirigido a la Delegación Territorial de Agricultura en Sevilla con el fin de comprobar si también se cometieron infracciones administrativas en relación a la trazabilidad alimentaria del producto.