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Cae en Sevilla parte de una red de distribución de cocaína a gran escala

  • Los detenidos en la capital andaluza creaban empresas para importar mercancía desde Iberoamérica y dar cobertura a los envíos de droga

  • La operación lleva 12 arrestados y la intervención de más de dos toneladas de cocaína

Cae en Sevilla parte de una red de distribución de cocaína a gran escala

La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína a gran escala, que tenía parte de su infraestructura en Sevilla. Han sido aprehendidos 2.065 kilogramos de cocaína y detenidas 12 personas a las que presuntamente se les acusa de introducir notorias cantidades de droga en España.

La operación, denominada Atalaya-Vigía, ha sido desarrollada, además de Sevilla, en las provincias de Cádiz, Cuenca, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia. Las investigaciones se iniciaron a principios de 2020 tanto en Sevilla como en Murcia, donde había varios individuos que se encargaban de crear un tejido empresarial de apariencia legal para dar cobertura a los envíos de droga. 

En teoría habían creado sociedades para importar carbón vegetal entre Iberoamérica y Europa. De esta forma introducían grandes cantidades de cocaína a través de los principales puertos españoles. Con ese objetivo, la organización comenzó su actividad a través del Puerto de Barcelona, llegando a introducir decenas de contenedores del referido carbón.

Una vez que los contenedores llegaban a Barcelona, eran trasladados a una nave que la organización había alquilado en Tarragona, para que, posteriormente, algunos de los investigados se encargaran de realizar la descarga de la sustancia estupefaciente.

Tras varios meses, como consecuencia de las limitaciones derivadas de la pandemia del coronavirus y con el objeto de dificultar el control aduanero, los narcotraficantes se vieron obligados a cerrar dicha vía de entrada, teniendo que generar toda la infraestructura y logística nuevamente en el Puerto de Algeciras desde mediados de abril.

Durante los siguientes meses, los investigadores pudieron identificar plenamente a todos los componentes de la estructura criminal. La red estaba liderada por dos familias cuyos principales miembros se encontraban en Brasil y Paraguay, desde donde gestaron toda la operativa de la importación de la cocaína.

El siguiente escalón estaba conformado por individuos que creaban empresas con la intención de simular un tráfico de mercancía legal desde Iberoamérica, con productos como carbón, arroz, melaza o artículos sanitarios, muy demandados durante la actual crisis sanitaria.

Estos últimos se encontraban afincados en Sevilla y operaban en las localidades de Marbella, Algeciras, Cádiz y la propia capital andaluza. Los líderes de la organización incluían testaferros en todas las empresas con el fin de ocultar la verdadera identidad de los mismos y obtener abundantes beneficios tras la introducción de la mercancía.

El nexo de unión entre la cúspide de la organización y la rama empresarial se consolidó en Valencia, con una experta en blanqueo de capitales que canalizaba el dinero de la organización para capitalizar la operación de narcotráfico, diversificando sus métodos de actuación y ocultamiento con el uso de criptomonedas.

Esta persona era garantía de éxito, pues muchas mafias de países del este de Europa y de Sudamérica recurrían a sus servicios debido a la facilidad de ocultar el dinero originado con el tráfico de drogas, armas o la trata de personas, y darle salida para seguir financiando el crimen organizado al más alto nivel.

Debido a la alta especialización de la organización, fue necesaria la intervención de más de cien líneas telefónicas por parte de los agentes, así como numerosas vigilancias y seguimientos por numerosas provincias españolas. También fue necesario el análisis de casi 200 contenedores importados desde los puertos de Brasil y Paraguay hasta España. 

Al tener la organización capacidad para operar en los puertos de Barcelona y Algeciras, se hacía muy difícil adoptar cualquier medida sobre las importaciones por el peligro de frustrar la investigación y ser descubiertos. Así, tras un análisis exhaustivo, se procedió a la apertura de uno de los contenedores que la organización había importado desde Paraguay hasta el Puerto de Algeciras, hallándose en su interior 63 fardos que transportaban 2.065 kilogramos de cocaína, los cuales se encontraban ocultos entre 40 toneladas de carbón, con la clara intención de dificultar su localización.

Finalmente, se llevaron a cabo 16 registros en domicilios, despachos profesionales y establecimientos, procediendo a la detención de doce personas y a la investigación de otras tres, habiéndose emitido, además, órdenes internacionales de detención para los ahora imputados, y que se encuentran pendientes de responder ante la autoridad judicial competente.

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