La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha citado a declarar como imputados a los concejales socialistas Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Cristina Galán tras la denuncia presentada por la empresa que explota la plaza pública ubicada en el entorno de la marisquería Marcamar, sita frente a la estación de Santa Justa. Se trata de un terreno de unos 6.000 metros cuadrados cuyo uso que fue concedido a la entidad denunciante hace dos años, la empresa Word Seafood Trade Market Center S.L. Esta entidad valló la zona, realizó las obras de acondicionamiento necesarias, entre ellas la obra de adaptación para minusválidos; instaló juegos para niños y celebró un acto de inauguración en diciembre de 2007 con asistencia de cargos públicos municipales. Durante los dos últimos años se han celebrado en este espacio varias ferias y eventos con participación de ediles del Ayuntamiento, como resalta el abogado de la parte demandante, Estanislao Naranjo Infante, que asegura que Urbanismo concedió dos días a la empresa para desolajor este espacio "sin ofrecer mayores explicaciones". El mismo letrado narra que una mañana se encontraron con las cerraduras de las vallas cambiadas, razón por la cual decidieron interponer una denuncia tras comprobar que la Gerencia de Urbanismo y el Distrito Nervión-San Pablo, cuya directora de área era entonces Cristina Galán, "se echaban la pelota el uno al otro cuando nos interesamos formalmente sobre este asunto".

El mismo abogado recuerda que la imputación formulada por la magistrada se debe a una decisión administrativa "tomada a sabiendas de que la ley no ampara la medida". De esta forma, la juez apuntaría a un posible caso de prevaricación.

El actual gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Millán, precisó ayer que la denuncia interpuesta por la referida empresa se dirige en realidad contra él, que es quien "ciertamente" tiene las competencias y firma los documentos oficiales en materia de ocupación de vía pública, por lo que entiende que la demanda "incurre en un grave error, se desconoce si involuntario o no", puesto que se dirige al "gerente de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis", cuando es obvio que debería dirigirse al "gerente de Urbanismo, Miguel Angel Millán". No obstante en la providencia que se cita a Celis y Galán como imputados, la magistrada hace mención expresa a que "no ha lugar" a la personación de Millán "al no ser parte en el procedimiento".

Por otra parte, Millán aseguró que la actuación de la Gerencia ha sido en todo caso "correcta y ajustada a la legalidad", como así se lo expondrá, llegado el caso, a la juez instructora, a la que "ya se ha puesto en conocimiento de aquel supuesto error del denunciante". Según Millán, la denuncia ha sido la reacción de la empresa a un requerimiento por parte de la Gerencia para que cesara en la ocupación ilegal de una zona de dominio público, que la empresa Word Seafood Trade Market Center S.L. venía realizando y para la que no tenía título ni licencia de ninguna clase. El gerente explicó que se ha puesto a disposición de la juez para aclarar la actuación de la Gerencia en el expediente de ocupación ilegal de vía pública abierto a la empresa denunciante; así como para acreditar que, contra lo que "falsariamente" se sostiene en la denuncia, "no ha existido desposesión coactiva o violenta por parte de la Gerencia, sino acceso pacífico y legalizado, con intervención de la autoridad judicial, a dicho espacio público ilegalmente vallado por parte de la empresa".