La Comisión Europea da dos meses para cumplir la norma ambiental en la SE-35

La Comisión Europea lanzó ayer un ultimátum a las autoridades españolas para que cumpla con la normativa europea que obliga a evaluar el impacto medioambiental de la construcción de un tramo de la autovía SE-35 por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Este tramo fue proyectado por el Consistorio para dar servicio a la segunda tienda de Ikea proyectada en la ciudad. Tras la denuncia presentada por la Plataforma en Defensa del Parque del Tamarguillo, la Comisión Europea estimó en su día que no bastaba con autorizar la SE-35 en el vigente Plan de Ordenación Urbanística (PGOU), sino que había que realizar un estudio ambiental específico. El impacto que debe analizarse se refiere al efecto en el Parque Tamarguillo, situado en la barriada de Alcosa de Sevilla. Si España no cumple con el requerimiento en un plazo de dos meses, Bruselas podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este ultimátum tiene la forma de un dictamen motivado y es la segunda fase del procedimiento de infracción que se abrió por este proyecto de carretera que promovió el Ayuntamiento sevillano. El procedimiento de infracción contra España se abrió el 3 de diciembre de 2013, hace casi dos años, pero la Gerencia de Urbanismo no ha ofrecido hasta ahora argumentos válidos para convencer.

En una nota, el Ejecutivo comunitario recuerda que los proyectos "que puedan tener repercusiones importantes" para el medio ambiente deben someterse a una evaluación "antes de su aprobación", de acuerdo a la Directiva sobre evaluaciones de impacto. "Las autoridades españolas ya han aprobado diversos tramos de obras de la carretera de circunvalación urbana, sin haber procedido a una evaluación de impacto ambiental exhaustiva", se queja Bruselas.