CCOO apunta a delito de odio en el acuerdo de PP y Vox sobre empadronamientos en Sevilla

CCOO ha alertado este viernes de que el acuerdo alcanzado entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Sevilla sobre el padrón de personas extranjeras residentes en la capital andaluza podría constituir un delito de odio. El sindicato considera que las restricciones al empadronamiento de personas sin documentación vulneran derechos fundamentales.

El pacto presupuestario entre ambas formaciones, refrendado en el pleno municipal del pasado viernes, contempla restricciones en el empadronamiento de personas que no dispongan de documentación en regla. CCOO recuerda que el derecho al empadronamiento está garantizado por la legislación española para asegurar la igualdad y el acceso a servicios públicos básicos. Según el sindicato, pretender segregar a personas del padrón por su situación administrativa vulneraría el principio constitucional de no discriminación.

Ningún ayuntamiento puede modificar la funcionalidad del padrón

El sindicato señala que el padrón municipal rige su funcionamiento según lo establecido con carácter estatal por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por tanto, ningún ayuntamiento puede reinventar la funcionalidad de un servicio público esencial destinado a que las personas acrediten el lugar donde residen.

CCOO amenaza con denunciar ante la Fiscalía

El secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha calificado la medida de "paparruchada" y ha advertido de que el sindicato no permitirá que ningún trabajador municipal sea presionado para hacer un uso indebido de sus funciones. Aristu sostiene que la operatividad práctica de este acuerdo será nula. El responsable sindical ha asegurado que, si la plantilla adscrita al Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla recibe alguna instrucción en ese sentido, bajo cualquier formato, CCOO lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía de manera inmediata.

Posible constitución de delitos de odio

"Hacer una cacería administrativa de las personas de origen extranjero residentes en Sevilla, cuya inmensa mayoría lo hacen de forma regularizada y trabajan en condiciones de precariedad, puede ser además constitutivo de delitos de odio", ha sentenciado Aristu. El secretario general de CCOO de Sevilla considera que esta medida discrimina a un colectivo vulnerable que mayoritariamente reside y trabaja de forma legal en la ciudad.