El juicio de Mercasevilla

Castaño critica la "inquisitorial instrucción" de la juez Alaya

  • La defensa considera que ésta es una "causa política" para atacar a Sánchez Monteseirín.

Domíngo Enrique Castaño, con su abogado, en la Audiencia de Sevilla. Domíngo Enrique Castaño, con su abogado, en la Audiencia de Sevilla.

Domíngo Enrique Castaño, con su abogado, en la Audiencia de Sevilla. / Juan Carlos Vázquez

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El juicio de Mercasevilla va a finalizar como se inició, con críticas a la instrucción realizada por la juez Mercedes Alaya. El abogado José Manuel García Quílez, que defiende al ex director de área de Vía Pública de Urbanismo, Domingo Enrique Castaño, aprovechó ayer su informe en el juicio por la venta de los suelos de Mercasevilla para denunciar la "inquisitorial instrucción" realizada en esta causa, en la que, "sin existir el más mínimo indicio al respecto, la instructora [el letrado no citó el nombre de Alaya], el Ministerio Público y la acusación particular ejercida por el señor Zoido -en alusión al ex alcalde y actual ministro del Interior- imaginaron también, y así consta en sus interrogatorios, que Sando le había incluso regalado al señor Castaño su casa".García Quílez, que comenzó su alocución felicitando y adhiriéndose al informe realizado en la sesión del pasado martes por su compañera en el bufete Montero-Aramburu que representa a Torrijos, se refirió también al "deambular vacilante de la juez de Instrucción, primero, y de las acusaciones, después, en las distintas calificaciones jurídicas con las que han imputado y acusado".

Además, sostiene que la instrucción estuvo repleta de incidentes con la juez: "Recusaciones, protestas continuas y permanentes de las defensas, negativas a grabar los interrogatorios porque las actas no reflejaban la realidad de lo que en los mismos sucedía, preguntas tendenciosas que contenían valoraciones sobre ilegalidades o ilicitudes que se daban por ciertas; preguntas continuas a testigos sobre meras opiniones o suposiciones".

La defensa manifestó que tanto Castaño como el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos y el ex concejal Gonzalo Crespo, están sentados en el banquillo porque "eran políticos en el poder", en una "causa política". El letrado consideró que este caso es un claro ejemplo de judicialización de la política, "pues como sucedió en su día con Felipe González, contra quien se ha reconocido públicamente que hubo de promoverse un linchamiento mediático concertado para que no volviese a ganar unas lecciones, algo parecido estaba pasando en el Ayuntamiento de sevilla".

En esta línea, el entonces candidato del PP a la Alcaldía, Juan Ignacio Zoido, "que ha ejercido la acusación con suma agresividad en la fase de instrucción, atacó por la vía penal y atascó los juzgados de causas criminales (caso Macarena, Unidad, los distintos casos relacionados con Mercasevilla, caso ERE, Invercaria)". García Quílez expuso que la "consigna era clara: había que atacar a Monteseirín y para ello se acusó a sus hombres de confianza: a uno de sus concejales con intachable reputación, el señor Crespo; a su mano derecha, Manuel Marchena, gerente de Urbanismo, que cayó imputado junto con media Gerencia; a quien le prestó apoyo para gobernar, aunque no fuera de los suyos, el señor Torrijos; y a uno de sus asesores, el señor Castaño".

En su informe, el letrado concluyó que existe una "palmaria orfandad probatoria" sobre la supuesta connivencia entre Sando y Castaño para la adjudicación del concurso y el supuesto "interés o voluntad" en que el concurso se otorgara a esta constructora, y también reprochó la actuación de la Policía, cuyo atestado tildó de "tendencioso, falto de rigor y frívolo, plagado de errores y de meras conjeturas y suposiciones".

La defensa de Castaño añadió que en este caso sólo hay meras sospechas y conjeturas. "Lo que hay es indicios de indicios de indicios", por cuanto se deduce que Castaño, como director de área de Vía Pública en Urbanismo "debería conocer" a Sanma y de ahí se deduce que entonces fue él quien puso en contacto a la constructora con Mercasevilla para que se interesara por el derecho de superficie de Larena, y que después de todo "al final como premio lo contrataron" en la empresa Desarrollos Urbanísticos de Sevilla Este (Duse).

De otro lado, el abogado Miguel Villegas, que representa al ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Gonzalo Crespo, criticó la "frivolidad" del fiscal del caso por haber afirmado que el concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla era "un paripé". No fue el único reproche a la acusación del Ministerio Público, por cuanto Miguel Villegas dijo que "con el corazón y con las entrañas esperaba que el fiscal hubiera retirado la acusación" contra Gonzalo Crespo, dado que es de una "evidencia campanaria" la falta de pruebas contra él. Así, dijo que "no se puede condenar a una persona sólo por haber sido presidente de Mercasevilla".

La defensa añadió asimismo que la Fiscalía ha reconocido que los miembros de la Comisión Ejecutiva de la lonja "desconocían" el protocolo de intenciones que negociaron Mercasevilla y Sando en el que la acusación particular que ejerce Mercasevilla "basa la existencia del complot" para adjudicar a Sando el concurso público para la venta de los suelos. "Si existía ese pacto, Crespo fue absolutamente ajeno y desconocedor del mismo", ha aseverado.

La defensa también reivindicó la "honestidad y el compromiso social" de Gonzalo Crespo, del ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos y del ex asesor jurídico del mercado Jorge Piñero, del que afirmó "tiene la estima de un maestro".

En la sesión de ayer, decimonovena del juicio, también expuso su informe definitivo el abogado Jorge Piñero, que se defiende a sí mismo y que reiteró su inocencia de todos los cargos. El juicio continuará mañana en la que se espera que sea la última sesión de la vista oral, con el informe de las tres últimas defensas, y a continuación los acusados podrán ejercer el derecho a última palabra.

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