El juicio de Mercasevilla

El fiscal alega que el concurso para enajenar los suelos "era un paripé"

  • El Ministerio Público sostiene que hubo una "decisión política" detrás de la adjudicación a Sando y que la misma estaba "preordenada" e incluía "ofertas de relleno de un simple folio".

El fiscal Juan Enrique Egocheaga, el segundo por la derecha, en un momento de su intervención en el juicio. El fiscal Juan Enrique Egocheaga, el segundo por la derecha, en un momento de su intervención en el juicio.

El fiscal Juan Enrique Egocheaga, el segundo por la derecha, en un momento de su intervención en el juicio. / José Ángel García

Hubo una "decisión política" para beneficiar a la compañía Sando y el concurso público "era un paripé". Así pidió este martes el fiscal Juan Enrique Egocheaga una condena de dos años de prisión para el ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y para los otros nueve acusados de un delito de fraude y exacciones ilegales -o alternativamente de un delito societario- en relación con las supuestas irregularidades en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla.

En su informe definitivo, el fiscal recordó las declaraciones de uno de los testigos en el juicio, el abogado Armando Rozados, que intervino en las negociaciones con la empresa Larena 98 -de la que Sando se subrogó un derecho de superficie sobre unas parcelas de los terrenos del mercado mayorista- y quien aseguró que, a su juicio, el concurso para la enajenación de los terrenos estaba "pilotado desde el Ayuntamiento" de Sevilla.

El representante del Ministerio Público llamó la atención en su alocución sobre las "ausencias" que hay en este caso porque, según dijo, muchas veces "el problema es lo que no hay", y así puso como ejemplo que entre el 28 de junio y el 8 de noviembre de 2005 no existió en los órganos societarios de Mercasevilla (Comisión Ejecutiva y Consejo de Administración) ningún debate sobre la fórmula de vender los suelos, es decir, sobre la subasta o el concurso público, ni "tampoco hay reunión en la que se valore qué aspectos se deberían tener en cuenta a parte del valor económico de los terrenos".

Así, hay un borrador de pliego de condiciones del 8 de noviembre que parece haber surgido "por generación espontánea, del que todo el mundo reniega" y en el que, según el fiscal, no tuvieron participación ni los técnicos de la sociedad estatal Mercasa ni el secretario ni el interventor del Ayuntamiento de Sevilla.

El fiscal afirmó que se ha intentado además banalizar la oferta de Noga -que ofertó 158 millones, 52 millones más que Sando- y advirtió del riesgo que supone "que los árboles no nos dejen ver el bosque" porque a su juicio, todo el concurso estaba "preordenado para que Sando se hiciera con los terrenos de Mercasevilla", para lo cual "llama la atención el contrapeso de la calidad, cantidad y preparación de la oferta de Sando y de la del resto", que podrían calificarse de "ofertas de relleno" dado que algunas eran de "un simple folio" de extensión.

También sostuvo que cuando Sando se subrogó el derecho de superficie de Larena 98, evitando el pleito que ésta había presentado contra Mercasevilla, la intención era que la constructora hiciera "de banco, de caja pagadora de Mercasevilla", empresa de la que recordó tenía una situación de "crisis económica, con problemas de liquidez y para pagar las nóminas", por lo que el canon que abonaba Larena era una "inyección fija en las arcas de la empresa".

Sobre el protocolo de intenciones que negociaron Mercasevilla y Sando, que contemplaba la subrogación de Larena y la venta de la totalidad de los suelos, mostró su convicción de que ambas operaciones "estaban vinculadas" como a su juicio corroboran las cláusulas de dicho protocolo, que contemplaban el descuento de las cantidades entregadas, por lo que "realmente la decisión era la de dar los terrenos a Sando".

El fiscal insistió en que el fin del concurso no era otro que el de favorecer a la constructora Sando y concluyó que eso "causó un perjuicio económico a Mercasevilla derivado de la manipulación del concurso".En su informe, el fiscal Egocheaga también se refirió al ex director de área de Vía Pública de Urbanismo Domingo Enrique Castaño, que era el "jefe político" de la funcionaria María Victoria Bustamante, aludiendo a la posibilidad de que éste pudiera encargarle la elaboración del pliego del concurso, y destacó además la posterior vinculación de Castaño con la empresa Desarrollos Urbanísticos de Sevilla Este (Duse), participada por Sando.

En cuanto a la cláusula de limitación al alza, una de las que según el fiscal se introdujo para beneficiar a Sando junto a la cláusula de titularidad previa de los terrenos, dijo que "no entiende" que se introdujera para tratar de evitar la especulación porque "no estaba vinculada al precio de salida de los suelos y si todas las ofertantes hubieran apostado fuerte la media hubiera sido alta. La finalidad real de esa cláusula no era evitar la especulación, lo que se pretendía era proteger a Sando", sentenció el representante de la Fiscalía.

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