Caso Mercasevilla

El fiscal aclara que el delito societario estaría prescrito para Torrijos

  • Las defensas de los diez acusados piden la absolución y plantean en el "improbable" caso de condena la atenuante de dilaciones indebidas.

Antonio Rodrigo Torrijos, junto a su abogada en los juzgados. Antonio Rodrigo Torrijos, junto a su abogada en los juzgados.

Antonio Rodrigo Torrijos, junto a su abogada en los juzgados. / José Ángel García

La Fiscalía de Sevilla ha aclarado este viernes que el delito societario que atribuye de manera alternativa a los diez acusados por las supuestas irregularidades en la venta de los suelos estaría "prescrito" en el caso del ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos.

En la decimosexta sesión del juicio, las defensas de los diez acusados han elevado a definitivas su petición de absolución y han planteado para el "improbable" supuesto de que haya una condena que se aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, al entender que la instrucción de esta causa, que se inició en 2009, sufrió dos paralizaciones injustificadas de hasta un año de duración cada una.

La aclaración del Ministerio Público se produjo a instancias de la propia juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, cuando iba a exponer sus conclusiones definitivas la abogada Encarnación Molino, que representa a Antonio Rodrigo Torrijos. Antes de que la defensora pudiera plantear la prescripción del delito societario, la magistrada se dirigió al fiscal Juan Enrique Egocheaga para preguntarle si consideraba que ese delito que de manera alternativa imputa a los diez acusados lo mantenía también para el ex primer teniente de alcalde.

El fiscal, que en la primera sesión del juicio ya sostuvo que ese delito estaría prescrito en el caso de Torrijos, ratificó esta postura ante la pregunta de la magistrada, lo que se suma a la retirada de los cargos que realizó en la sesión de este jueves la acusación particular que ejerce la asociación de mayoristas de frutas, verduras y hortalizas.

Se trata, en cualquier caso, de una calificación alternativa, dado que el Ministerio Público ha mantenido como calificación principal la atribución a Torrijos y a los otros nueve acusados de un delito de fraude y exacciones ilegales, por el que reclama una condena de dos años de prisión para cada uno.

La abogada de Torrijos mostró su "confianza absoluta y total en la inocencia" de su cliente, si bien al igual que el resto de las defensas solicitó por motivos formales la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el supuesto de que haya condena.

En la misma línea se pronunció el abogado José Manuel Carrión, que representa al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, quien mantuvo la "inexistencia" de los delitos que se atribuyen al ex directivo de la lonja y quien además cuestionó que "no existe prueba pericial alguna sobre el daño causado a Mercasevilla", que la acusación particular que ejerce la empresa pública cifra en 25 millones de euros.

La defensa del ex director de área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño solicitó igualmente la absolución y, en el "improbable supuesto" de que la sentencia no fuese absolutoria, que se aprecien las dilaciones indebidas y también la atenuante muy cualificada de "cuasi prescripción del delito societario".

El abogado Miguel Villegas, que defiende al ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo, precisó que en el supuesto de que la juez considerase que el ex edil "tuviera algo que ver y algo que reprochársele", sería aplicable en su caso el “error invencible” respecto a la ilicitud del hecho, o subsidiariamente, el "error vencible" que convertiría la responsabilidad penal en imprudente, además de las dilaciones indebidas.

El abogado Jorge Piñero, que se representa a sí mismo en el juicio –está acusado por su etapa como asesor jurídico de Mercasevilla y su intervención en la elaboración del pliego de condiciones- solicitó su libre absolución, rechazó los hechos y la comisión de cualquier delito, incluso el introducido "ex novo" por el fiscal, y se pronunció "con todo el dolor de su corazón" respecto a que aunque "no espera esta parte condena" sobre la posibilidad de aplicar la atenuante de dilaciones indebidas y la posible reducción en un grado de la pena porque en su caso tendría que ser considerado "cooperador" y no autor del delito.

Los empresarios de Sando también solicitaron la absolución, al igual que la defensa de la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante, representada por el letrado Miguel Cuéllar, que también rechazó la calificación alternativa del Ministerio Público porque entiende que su cliente "ni ha abusado de sus funciones propias en Mercasevilla ni ha causado un perjuicio económico a los socios o a la entidad", por lo que concluyo que se ha producido una "quiebra del principio acusatorio".

Sobre la atenuante de dilaciones en la "hipótesis de que haya una sentencia condenatoria", Cuéllar ha recordado que la tramitación de la causa se ha tardado más de siete años y en la misma se han realizado "amplias investigaciones prospectivas" como en el caso de los responsables de la Gerencia de Urbanismo que acabaron en el sobreseimiento, al tiempo que criticó la "tardanza inexplicable" de la Guardia Civil en la realización de un atestado casi un año después de que Mercasevilla entregara una serie de correos electrónicos.

Por último, el economista José Antonio Ripollés ha pedido igualmente la absolución y que se aplique en una hipotética sentencia condenatoria la atenuante de dilaciones indebidas y la reducción de la pena en caso de que se le considerase cooperador del delito.

El juicio continuará el próximo martes con el informe definitivo del fiscal y de las acusaciones particulares, así como el de las dos primeras defensas, en una sesión que la juez ha advertido que será "maratoniana" y que podría prolongarse hasta la tarde.

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