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Sevilla

Detenido un clan familiar en las Tres Mil Viviendas por apropiarse de casas para vender droga

  • Las víctimas, que habían contraído una deuda con ellos, eran coaccionadas y amenazadas para que abandonasen sus domicilios.

La Policía Nacional ha detenido a seis personas integrantes del clan familiar los Porros dedicado a extorsionar, amenazar y usurpar viviendas en el barrio de las Tres Mil Viviendas en Sevilla, que posteriormente destinaban como punto de venta de drogas o como "guardería" para almacenar droga y armas.

Las víctimas, que habían contraído una deuda con este clan, eran coaccionadas y amenazadas con armas de fuego para que abandonasen sus domicilios y entregárselos para saldar la deuda y, de hecho, algunas familias se vieron obligadas incluso a abandonar la provincia de Sevilla.

Una vez en posesión de estas viviendas, eran puestas a nombre de terceras personas, integrantes del clan pero que formaban parte de escalones más bajos para que no se relacionaran con las coacciones y así no levantar sospechas.

Los extorsionadores instalaban en las viviendas fuertes medidas de seguridad hasta convertirlas en "auténticos búnkeres de guerra, provistas de cámaras de seguridad con visión nocturna que recogen todos los ángulos posibles de la parcela y del exterior, muros de hormigón de más de cuatro metros de altura y un vallado de pinchos".

Éstos habían desarrollado un aprendizaje en las técnicas policiales, por lo que sus miembros iban borrando todo tipo de pistas sobre sus lugares de residencia, alternando distintas viviendas para dificultar su localización.

El resultado de las diligencias posibilitaron localizar al 'clan de los Porros' en una urbanización a las afueras de Dos Hermanas (Sevilla) tras varias semanas de vigilancia.

El operativo culminó con la detención de todos los miembros del clan familiar que participaron en los hechos -seis personas-, así como de otros altercados que tuvieron lugar después de que la víctima formulara la denuncia, ya que amenazaron al padre de ésta para que la retirara, a la vez que intentaron disuadir a la víctima aplicando la ley gitana para evadir así la acción de la justicia.

La investigación e intervención la han llevado a cabo los agentes del Grupo de Atracos de la Jefatura Superior de Sevilla.

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