La Diputación de Sevilla aprobó este jueves poner en marcha, junto a las mancomunidades de servicios de Los Alcores y del Guadalquivir, el Consorcio Central de Residuos de la Provincia, destinado a gestionar de manera común el tratamiento de los residuos sólidos urbanos de casi el 80 por ciento de la población de la provincia.

Al respecto, dicha propuesta fue adoptada en el pleno ordinario de la institución provincial con el apoyo favorable del grupo socialista, -que goza de mayoría absoluta- si bien el grupo Popular votó en contra y los diputados de IU-CA y PA se abstuvieron.

En este sentido, el portavoz del PP, Juan Francisco Bueno, argumentó la posición de su grupo aludiendo a que "no es tiempo de crear un consorcio así, porque no se pueden engordar más las administraciones públicas ahora en los tiempos que corren", al tiempo que recordó que "no es la primera vez que se habla de consorcios, porque ya se habló con el agua y con la vivienda". Según Bueno, la mayoría de los pueblos involucrados no se ha pronunciado sobre si quieren el consorcio.

Por su parte, el diputado de IU-CA Manuel Gutiérrez manifestó que las mancomunidades tienen "recursos suficientes para no tener que crear un consorcio así" y añadió que "en cualquier caso, pueden establecer convenios de colaboración", de modo que para Gutiérrez, "es una exageración crear otra institución para realizar cosas que se pueden hacer desde las mancomunidades". De igual modo, el PA criticó que con el consorcio haya un aumento de tarifas.

Ante estas posturas, la diputada de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Rosa Moreno, reivindicó que la gestión de los residuos de forma individual por los ayuntamientos "cada día que pasa, es más imposible e insostenible" y explicó que las dos mancomunidades han querido "adelantarse a las nuevas demandas y adaptar sus estructuras a las directivas europeas", situación por la que reiteró que es "una iniciativa de las mancomunidades para unir esfuerzos".

Sondeo entre los alcaldes

Asimismo, Moreno respondió a los grupos de la oposición afirmando que se ha sondeado a todos los alcaldes sobre la constitución del consorcio, que se aprobó en las juntas generales de ambas mancomunidades. También dijo que el consorcio es "la figura jurídica más idónea para salvaguardar la legalidad de todo el proceso de configuración" y negó que vaya a haber un aumento de tarifas.

De esta manera, la "hoja de ruta" del Consorcio Central de Residuos Alcores Guadalquivir se pondrá en funcionamiento para que, desde ahora hasta 2015, fecha en la que expira la concesión administrativa con la empresa que gestiona la planta de tratamiento de residuos de Montemarta-Cónica, se diseñe un nuevo sistema adaptado a las nuevas exigencias legales.

En este sentido, según el presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), el consorcio incluye a 33 municipios, incluyendo la capital hispalense, lo que se traduce en que da servicio a 1.120.518 personas, casi un 80 por ciento del total de la población de la provincia de Sevilla, y recoge 600.000 de las 900.000 toneladas que se generan en todo el territorio provincial.

El Consorcio de Residuos contará a partir de ahora con la integración de la Diputación y se abrirá un plazo de alegaciones de 30 días tras el cual se constituirán los órganos de representación del mismo.

Otras medidas

Por otro lado, la sesión plenaria dio luz verde a una modificación presupuestaria mediante suplementos de crédito en el presupuesto de la Casa de la Provincia, a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de uso de los medios electrónicos en la Diputación y el nuevo convenio marco entre la Diputación y los ayuntamientos para la integración en la Red Provincial de Telecomunicaciones.

En cuanto a las proposiciones de los grupos políticos, se aprobó una conjunta para el impulso de la Ley de Inclusión Social de Andalucía. Mientras, el PSOE elevó una sobre la Ley de Memoria Histórica, para que el Tribunal Supremo (TS) desbloquee todas las causas que impiden el reconocimiento de las víctimas, una propuesta que contó con el apoyo de todos los grupos a excepción del PP, que se abstuvo. Además, se aprobó por unanimidad otra proposición del PSOE sobre nuevas tecnologías y el sistema público de servicios sociales.

Por otra parte, se rechazaron dos propuestas del PP e IU sobre el rechazo al Real Decreto Ley del Gobierno central por el que se congelan las pensiones y sobre una reforma fiscal progresiva para combatir el déficit público, respectivamente.

Del mismo modo, tampoco fue aprobada una moción del PP sobre la situación del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, que, según los populares, está entre los más endeudados de la provincia sevillana y su situación económica es "insostenible". Al respecto, el portavoz del PSOE, Francisco Díaz Morillo, pidió al PP que retirara dicha propuesta  por "respeto a la autonomía local de todos los municipios". También fue rechazada otra de las mociones de IU que versaba sobre el respeto a las libertades democráticas en la Diputación.