Consumo

Casi 5.000 familias de Sevilla solicitan una ayuda para pagar el agua

  • La mayoría de las bonificaciones rechazadas por Emasesa se debieron a que las peticiones superaban el umbral de ingresos

Un cliente de Emasesa lava un vaso de cristal en un grifo de la cocina.

Un cliente de Emasesa lava un vaso de cristal en un grifo de la cocina. / Juan Carlos Muñoz

Hasta el pasado 31 de diciembre se han acogido a la tarifa social de Emasesa 4.918 familias de la provincia de Sevilla, de las que 2.621 tuvieron una bonificación del 100% y 2.297 un descuento del 50%. En la capital, 2.933 familias solicitaron la ayuda a la empresa municipal para pagar el agua, de las que 1.635 tuvieron una deducción del 100% y 1.298 una rebaja del 50%.

El año pasado se registraron en la sede de Emasesa hasta 7.421 solicitudes, de las que 2.399 se denegaron por incumplir los requisitos regulados en la ordenanza municipal. Por superar el umbral de ingresos fueron 2.030, por disponer de un inmueble distinto a la vivienda habitual 275 y las 94 restantes por otros motivos como errores en la tramitación o desistimiento. En la ciudad se registraron antes de terminar el año 4.324 solicitudes, siendo denegadas 1.330 de las que 1.130 fueron por superar el umbral de ingresos, 159 por disponer de inmuebles distintos de la vivienda habitual y 41 por otros motivos.

Las solicitudes de los sevillanos para optar a la tarifa social de la empresa municipal de aguas llegaron principalmente por los servicios sociales, oficinas y puntos de atención presencial, y a través del correo electrónico habilitado tarifasocial@emasesa.com. Los técnicos de Emasesa valoran la coordinación con los servicios sociales del Ayuntamiento de forma muy positiva, ya que “la coordinación entre los servicios sociales municipales y el departamento de Agua Social de Emasesa ha facilitado la transición al nuevo sistema de tarifa social”.

¿Está previsto incluir nuevos tramos de bonificaciones? Los técnicos de la empresa de aguas apunta que “han transcurrido siete meses desde la implantación de la nueva tarifa, aunque nos encontremos en los inicios de la misma, el número de solicitudes tramitadas se va aproximando a los valores del sistema anterior”.

Emasesa entiende que toca evaluar el efecto del incremento regulado en los presupuestos generales del Estado del Iprem, indicador de referencia para la obtención de las bonificaciones. “Estas circunstancias hacen conveniente dar un periodo mayor para evaluar los resultados del sistema y estudiar las posibles modificaciones de la ordenanza”. La tarifa social está en vigor desde el 28 de mayo de 2020.

Un piso con cuatro miembros y un consumo de 15 m3 abona 7,9 euros del recibo de 33,5

Esta nueva ayuda garantiza un consumo de hasta 110 litros por persona y día (superior al mínimo vital recomendado por la ONU que está entre los 50 y los 100 litros por persona y día), sobre el que se establecen dos niveles de descuentos en función de los ingresos del conjunto de las personas que convivan en la vivienda. Los consumos superiores a esos 110 litros, quedan fuera de esta ayuda, por un principio de sostenibilidad.

Las familias con ingresos inferiores a la Renta Mínima de Inserción Social (personas en situación de vulnerabilidad severa o riesgo de exclusión social) cuentan con una bonificación del 100%, mientras que quienes tienen ingresos inferiores a 1,2 Iprem optan a una bonificación del 50%. Las cuotas fijas de los servicios de abastecimiento y saneamiento, las cuotas de contratación y reconexiones están igualmente bonificadas, siguiendo los mismos requisitos. En cambio, la bonificación tarifaria no cubre otros conceptos incluidos en la factura, y referidos al ciclo integral del agua como son los cánones. Una familia de cuatro miembros y con un consumo medio de 15 metros cúbicos que cumpla los requisitos económicos y solicite acogerse a esta tarifa social podría pasar de un recibo mensual de 33,5 euros a abonar únicamente 7,9 euros.

Para atender a la población vulnerable, Emasesa ha destinado 4,5 millones sólo durante la crisis sanitaria por la Covid-19. Con este gasto social, se garantiza el suministro a las familias más vulnerables y los aplazamientos en próximas facturas correspondientes al periodo del Decreto de Alarma para empresas y autónomos que hayan tenido que cerrar a causa de la pandemia del coronavirus.

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