Juan Espadas se ha llevado más de medio mandato lamentando las restricciones estatales para invertir el superávit municipal. Por sus reclamaciones, y la de otros Ayuntamientos del país, el Ministerio de Hacienda flexibilizó las condiciones para utilizar ese ahorro municipal al ampliar el concepto de inversiones financieramente sostenibles. Una de esas exigencias era que el periodo medio de pago a proveedores no fuera superior a los 30 días. El gobierno socialista no ha cumplido y ha tenido que dedicar 13 millones de euros a una nueva reducción de la deuda con las entidades bancarias. “No hemos logrado llegar a los 30 días”, comentó Joaquín Castillo, delegado de Hacienda, durante su intervención en el Pleno.

La deuda del Ayuntamiento con los distintos proveedores asciende a 18,9 millones, siendo los principales deudores Endesa y Emasesa. El adeudo con la empresa eléctrica (en sus diversas denominaciones sociales) es de 5,8 millones, lo que supone un 30,6% del total. La segunda entidad más afectada es la empresa municipal de aguas de Sevilla, que cuenta con un pendiente de pago de 5,6 millones, lo que significa un 29,6%. Es decir, solo los dos mayores acreedores del Consistorio acaparan el 60,2% de la deuda municipal no financiera.

49 días para pagar a los proveedores

El periodo medio de pago a los proveedores se encuentra en la actualidad en 49 días. Los técnicos de la delegación de Hacienda señalan que esta demora se debe a los problemas que se encuentran para tramitar los pagos de estas facturas atrasadas, que en el caso de Emasesa existen desde hace ocho años. Otro dato. El Ayuntamiento cuenta a fecha de hoy con fondos líquidos por un valor de 114,6 millones de euros, lo que supone un incremento de 20,3 millones respecto a la misma fecha de 2017. “Se ha estado en la batalla, pero la situación de las facturas era muy complicada y hay muchas antiguas que se han sacado de los cajones”, comentó Castillo.

Ante el fiasco, el gobierno socialista quiso sacarle el lado positivo. La delegación de Hacienda y Administración Pública entiende que, siguiendo indicaciones de la Intervención, con estos recursos se reducirán los créditos con intereses más altos o aquellos cuya amortización sea más beneficiosa para el Consistorio. Así, se prevé que el presupuesto de 2019 se pueda elaborar con un margen adicional de tres millones de euros que el importe destinado inicialmente a las amortizaciones de capitales e intereses de los créditos que se suprimirán este año. Se estima que sólo en intereses habrá un ahorro de un millón de euros.

El superávit que se emplea para esta operación procede tanto del Ayuntamiento como de la Agencia Tributaria, el ICAS y el IMD. En todos ellos se ha cerrado el ejercicio con superávit, un alto nivel de ejecución presupuestaria de acuerdo con el techo de gasto e inversiones en marcha que al estar vinculadas a un crédito no se agotan en el año vigente sino que las posibilidades de ejecución permanecen en años posteriores. “Este gobierno no está de acuerdo con esta ley diseñada para que los ayuntamientos tengan superávit y no lo puedan dedicar de forma directa a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos al establecer una batería de condiciones y restricciones que consideramos completamente inadecuadas”, sostuvo el delegado de Hacienda.

Críticas unánimes de la oposición

La oposición no comparte la opinión del gobierno. Todos los grupos políticos recriminaron a los socialistas que no haya sido capaz de reducir el tiempo medio de pago a los proveedores a 30 días, lo que suponía uno de los requisitos para poder destinar los 13 millones de superávit a inversiones financieramente sostenibles. Uno de lo más críticos fue Rafael Belmonte, concejal del Partido Popular, quien aseguró que se trata de un “fracaso de gestión disfrazado de modificación presupuestaria”, y advirtió de que la ejecución de las cuentas “baja cada año. La pérdida de rédito económico para la ciudad contrasta con que lo único que se hace es pedir préstamos pese a que después no se ejecutan las inversiones”, lamentó.

La izquierda no se quedó atrás. El concejal de Participa Sevilla, Julián Moreno, lamentó que la ciudad pierda ese dinero en inversiones “que van a ser tirados a la basura” al destinarse a pagar deuda. “El Ayuntamiento no paga las facturas en un mes, sino en dos, y eso era un requisito para las inversiones financieramente sostenibles, lo que supone finalmente un fiasco”, subrayó. Por último, el portavoz de Izquierda Unida, Daniel González Rojas, manifestó que ese superávit se podía haber destinado a “arreglar los problemas de la ciudad, pero va a quitar deuda porque la banca siempre gana”. Con todo, la modificación presupuestaria contó las abstenciones del PP y Cs para salir adelante.