Los coordinadores de los grupos políticos del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo acordaron esta miércoles, en una reunión a puerta cerrada, mantener "abierto" el debate en cuanto a los efectos de la construcción de la nueva biblioteca central de la Universidad de Sevilla en los jardines del Prado de San Sebastián, según confirmó el vicepresidente del Comité de Peticiones, el eurodiputado popular Cárlos Iturgáiz.

Iturgáiz precisó que el debate del caso en el Comité de Peticiones podría retomarse "en tres o cuatro meses", mientras que por su parte el eurodiputado socialista Miguel Ángel Martínez explicó que todos los coordinadores han acordado que "todas las partes" en el caso, incluidos el Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla, puedan intervenir en la próxima sesión cuando se debate de nuevo el caso, toda vez que las obras siguen paralizadas merced a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula los aspectos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativos a este proyecto.

La Asociación de Vecinos de Huerta de la Salud, promotora del citado litigio judicial y de la elevación del caso al Parlamento comunitario, reclamó ayer a la Eurocámara que condene "al menos" de forma "moral" al Ayuntamiento de Sevilla por haber querido continuar con un proyecto que el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha calificado de "proyecto irracional e incoherente" y "contrario al interés público", explicó hoy una representante de la Asociación, Emilia de la Serna.

La Asociación denuncia que el proyecto de biblioteca no responde al "interés público", porque su uso será "privado" y asimismo denuncia la retirada de 229 árboles de los jardines de El Prado para albergar dicha Biblioteca en unos jardines que la asociación recuerda han sido financiado entre 1995 y 1997 en un 70 por ciento por la Unión Europea a través de los fondos Feder, es decir, unos 3,5 millones de euros.

El representante de la Comisión Europea, Alfredo Quintanilla, reiteró ayer durante el debate del caso que el Ejecutivo comunitario ya respondió en 2008 en una pregunta parlamentaria "que esto es una cuestión interna" dado que el proyecto de biblioteca "no está financiado por la Unión Europea, ni por el Feder ni por ningún otro fondo".

Además, Quintanilla explicó que el Gobierno español trasladó a la Comisión que el proyecto de biblioteca "no altera los objetivos previstos" para el parque de El Prado y, por tanto, "no hay base legal" para "oponerse en el marco del Feder a este cambio" para albergar una biblioteca en el parque de El Prado y, por otra parte, el proyecto "no conculca" la directiva comunitaria sobre la coordinación de procedimientos de adjudicación de contratos públicos.

Devolver el asunto a España

Por tanto, defendió que desde la Asociación denunciante "deberían dirigirse a las autoridades españolas, concretamente al Ministerio de Economía y Hacienda" con el objetivo de "tratar de en ése ámbito resolver la situación, informarse de lo que es en realidad (el proyecto) o articular los recursos que pueden tener, incluso jurídicos, a otras instancias, algo que no nos concierne".