La Fiscalía pide a Alaya que ordene un nuevo informe sobre Mercasevilla

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado a la juez Mercedes Alaya, que investiga los posibles delitos societarios en la empresa pública mixta Mercasevilla que ordene a la Agencia Tributaria que amplíe su informe a las operaciones del Mercado con la empresa Larena 98, que tenía un derecho de superficie sobre los terrenos para realización de unas naves que luego fue subrogado a Sanma, la constructora que ganó el concurso público para adjudicarse los terrenos y que Alaya considera "fraudulento e ilegal". En concreto, la Fiscalía ha pedido a la instructora que, además de abrir una sexta causa para investigar una facultar falsa de 16.938,69 euros por unas vallas publicitarias, oficie a los peritos de la Agencia Tributaria para que informen sobre las operaciones entre Mercasevilla y Larena 98 durante los ejercicios 2004 y 2005.

El Ministerio Público también ha solicitado a la instructora que se requiera a ambas sociedades para que aporten el mayor contable de los ejercicios 2004 y 2005 en el que se hayan recogido las operaciones entre ambas sociedades y en particular "en donde se haya registrado la operación que hace referencia la factura indicada".

El fiscal recuerda que en el auto de la instructora que acordó procesar al ex primer teniente de Alcalde Antonio Rodrigo Torrijos y a otras 15 personas, entre ellas la cúpula de Urbanismo, se recogía que de manera paralela a la solicitud de licencia de edificación, los ex directivos del Mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce fracturaron a Larena 98 bajo el "falso concepto de gastos por vallas publicitarias" por ese importe de 16.938,69 euros que "en realidad se correspondía con el pago de informes previamente realizados sobre viabilidad de una estación de ITV en los terrenos de Mercasevilla y abonados por la empresa Mercasevilla, si bien su importe real era menor que el facturado, indicando que la factura sería abonada por Larena 98". El fiscal pidió que se abriera una nueva causa, la sexta, porque estos hechos "no guardan relación de conexidad ni con el resto de los hechos relatados" por la juez en la primera fase ni en otras de los hechos, por lo que "procedería su enjuiciamiento por separado".

El fiscal también ha solicitado a la juez que, en el caso de no se estime el recurso, se practiquen otras pruebas, entre las que destaca la declaración de tres testigos: el abogado Armando Rozados, en relación con su "conocimiento sobre los hechos" relatados por la juez en su auto, dada su vinculación con Mercasevilla; el directo de administración y Organización de la Gerencia de Urbanismo, Domingo Vera Goñi; y del funcionario de Urbanismo Juan Mauduit Morón, estos dos últimos sobre su conocimiento en relación con la tramitación de la licencia de edificación concedida a la constructora Sanma y sobre la que había solicitado en su día Larena 98.

Si Alaya acepta abrir este nuevo procedimiento, sería la sexta causa que surge de las irregularidades de Mercasevilla.