La Fiscalía de Sevilla ha reclamado una condena de tres años de cárcel y el pago de una multa de 5.400 euros para el empresario hostelero Rafael Juliá y para su mujer, a los que atribuye un delito de alzamiento de bienes, en relación con la disolución del régimen de gananciales de su matrimonio coincidiendo con el despido improcedente de 17 empleados del Juliá Catering.

El abogado José María Carnero, que representa a los trabajadores, eleva su petición de condena hasta los seis años de cárcel y reclama una indemnización de un millón de euros. En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público recoge que los empleados demandaron a los hermanos Rafael y José María Juliá por despido improcedente y un juzgado de lo Social falló en 2015 a favor de los trabajadores, condenando a los hosteleros a pagar 1,2 millones en indemnizaciones.

Dice el fiscal que como los impagos de los salarios comenzaron en 2013 y "ante el temor" de que los trabajadores lo demandaran, Rafael Juliá y su mujer otorgaron capitulaciones matrimoniales en diciembre de 2013, en el que disolvieron el régimen económico de gananciales y lo pasaron a "separación de bienes", realizando un inventario, liquidación y adjudicación de bienes "claramente a favor" de la mujer para "salvar el patrimonio de los posibles embargos que se acordaran". A la esposa le fueron adjudicadas cuatro fincas, así como los depósitos y cuentas bancarias de mayor valor, mientras que a Rafael Juliá se le adjudicó una finca que estaba arrendada y gravada con una hipoteca de 102.064,02 euros; otra finca con un préstamo hipotecario de 250.450,14 euros; y participaciones sociales de Juliá Catering a las que otorgaron un "valor ficticio de 94.952,50 euros".

Según el Ministerio Público, de esta forma los bienes del matrimonio de mayor valor "quedaron fuera del alcance de la demanda ejecutiva", que se presentó el 24 de febrero de 2016, y del auto que despachó la ejecución, dictado en 2016. En abril de ese año, el hostelero vendió una de las fincas, tasada en 113.721,69 euros, "frustrando la percepción de cantidad alguna por parte de los que fueran sus empleados".

El letrado José María Carnero ha valorado que el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla haya abierto ahora juicio oral contra el matrimonio, puesto que, según dijo, "los acusados han tratado de forma torticera de evitar que los trabajadores pudieran cobrar las indemnizaciones por despido y los salarios impagados que les correspondían por sentencia judicial firme", adjudicándose la mujer bienes por un valor importante que "hizo imposible que los trabajadores cobraran las legítimas indemnizaciones".

Durante varias décadas Juliá fue el catering de referencia en la ciudad de Sevilla y una de las empresas punteras en el sector de la hostelería, hasta el punto de que fue la encargada de servir el ágape de la boda de la infanta Elena en marzo del año 1995. La actividad de la sociedad quedó muy afectada como consecuencia de la crisis económica que estalló en 2008, pero a pesar de ello luchó durante años para mantener su actividad y los empleos hasta que se vio obligada a cerrar.