La Fiscalía de Sevilla está investigando una denuncia por el uso irregular de agua entre los regantes de la Comunidad del Viar, en la que, a cambio de regalos como jamones con denominación de origen y valorados en hasta 500 euros, se estaría beneficiando presuntamente a varios miembros de esta comunidad a los que se permitiría el empleo de agua del canal para zonas que en realidad no estarían abarcadas por la autorización de riego, así como el uso fraudulento de fincas cedidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y otras supuestas ilegalidades como las amenazas y presiones de la cúpula de la entidad contra agricultores.
La denuncia fue presentada a finales de julio en la Fiscalía de Sevilla por el representante de una organización agrícola y el pasado 1 de septiembre el Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación para tratar de esclarecer si se han podido cometer delitos de cohecho y prevaricación en relación con estos riegos, según han confirmado a este periódico fuentes de la Fiscalía de Sevilla. La denuncia se acompaña de varias grabaciones de conversaciones entre altos responsables de la Comunidad de Regantes del Viar en las que se revelan la entrega de estos jamones a cambio de lograr la ampliación de la zona regable más allá de la autorizada.
Estas mismas grabaciones, a las que ha tenido acceso este periódico, confirmaría que la finca Las Arenas se ha usado para hacer negocio y no para cultivos experimentales, tal como está acordado en la cesión efectuada por la CHG. También se confesaría el uso de agua por encima de los niveles autorizados, y la preparación de actos de intimidación y amenazas contra determinados agricultores que entran en colisión con los intereses de quienes supuestamente están cometiendo los delitos investigados.
Varias semanas después de iniciada la investigación por parte de la Fiscalía, se aportó al Ministerio Público una ampliación de la denuncia, según han señalado las mismas fuentes, que han precisado que la investigación de esta denuncia ha recaído en el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo.
Varios meses antes de que estos hechos llegaran a conocimiento de la Fiscalía, la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) recibió una denuncia de uno de los socios más veteranos de la comunidad de regantes del Viar, Juan Antonio León Vázquez, quien ya aseguró que varios miembros de la comunidad estaban empleando agua del canal para zonas no abarcadas por el permiso de riego. Este asociado, tal como publicó este periódico en febrero pasado, advertía a la CHG que las “graves irregularidades” habían sido denunciadas ante la propia comunidad, a la que acusaba de “falta de transparencia y diligencia en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación de agua y en las ordenanzas y reglamentos de la comunidad por parte de la presidencia y de los responsables de la gestión ordinaria de la comunidad de regantes”.
El denunciante recuerda que los hechos denunciados ya se pusieron de manifiesto en la última asamblea ordinaria de la junta general de la comunidad de regantes celebrada el pasado 19 de diciembre de 2019: “Cabría calificarla de extraordinariamente agria, virulenta y tumultuosa por la gravedad de los hechos que en ella se pusieron sorpresivamente de manifiesto por parte de los responsable de la comunidad ante los regantes”. Entre los hechos denunciados se cita, en primer lugar, la “radical modificación del perímetro regable”.
El aumento de los riegos en zonas de la margen derecha aledañas a la Zona Regable no pertenecientes a ella. “Lo que se ha hecho de modo irregular, a espaldas y sin conocimiento de los órganos de gobierno de la comunidad y, lo que es más grave, con flagrante incumplimiento de las limitaciones y prohibiciones establecidas expresamente al efecto por la Confederación Hidrográfica”. El denunciante alude a que hay miembros de la comunidad en los que hay una “confluencia de intereses” al tener terrenos en ambas márgenes del canal, tanto donde está autorizado el riego como en terrenos donde no se debe.
Las irregularidades, siempre según la denuncia que presentó este asociado en la CHG, “se planifican y ejecutan dentro de una notoria y buscada falta de transparencia, con desprecio a los deberes de información y de rendición de cuentas ante los órganos de gobierno de la comunidad, sindicato de riegos y junta general”. Los actuales dirigentes de la comunidad tienen “aversión a facilitar información y a rendir cuentas de su gestión”.
El denunciante, que lleva 60 años como miembro de la comunidad y que ha ejercido diversos puestos de responsabilidad en los órganos de gobierno de la entidad, insistió en la existencia de “intereses particulares espurios” de quienes cometen una “vulneración de la normativa de aguas”, un “falseamiento de la contabilidad y una deslealtad en la administración del patrimonio y los intereses de los regantes de la comunidad del Viar”.
Tras esta denuncia, previa a la que está ahora investigando la Fiscalía de Sevilla por delitos de cohecho y prevaricación, la CHG abrió un expediente que se está tramitando dándole participación a las distintas unidades con competencias en los hechos denunciados. Por el momento, no hay conclusiones.Situados en la margen derecha del Guadalquivir, los riegos del Viar se iniciaron en los años 50 del siglo pasado. Se riegan unas 12.000 hectáreas pertenecientes a unos 2.000 agricultores en tierras de los términos municipales de Cantillana, Villaverde del Río, Burguillos, Guillena, Alcalá del Río y La Algaba de la provincia de Sevilla.
La denuncia hacía referencia al empleo de agua en zonas que no están incluidas en el territorio abarcado por la licencia. Y que esta práctica es seguida por propios miembros de la comunidad de regantes.
