La Fiscalía mantiene su petición de dos años de prisión para cuatro 'okupas'

La Fiscalía de Sevilla ha mantenido su petición de dos años de cárcel y una multa de 2.160 euros para cuatro de los okupas que fueron desalojados el 8 de mayo de un inmueble del número 13 de Pasaje Mallol, en el entorno de la Plaza de San Marcos del casco histórico, en un acto de ocupación que constituía una respuesta a la clausura, ese mismo día, del Centro Social Ocupado y Autogestionado (CSOA) La Huelga, en la calle Muro de los Navarros.

Fuentes del caso han informado que durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla, el Ministerio Público ha pedido para cada acusado dos años de cárcel por un delito de atentado a agente de la autoridad, así como el pago de una multa de 720 euros -dos meses a razón de 12 euros diarios- por cada una de las tres faltas de lesiones que le atribuye.

De su lado, el abogado de los okupas ha pedido su libre absolución y ha defendido que la entrada de los agentes de la Policía Nacional en el inmueble de Pasaje Mallol fue "ilegal", ya que entraron en el mismo "sin mandamiento judicial y sin que existiera una denuncia previa" por parte del propietario del edificio, de manera que al entrar "perdieron la condición de autoridad y, por tanto, el delito de atentado ya no existe".

Asimismo, el letrado de los acusados ha puesto de manifiesto que, en todo caso, los hechos podrían constituir un delito de resistencia por oponerse a la detención, pero en ningún caso un delito de atentado a agente de la autoridad, tal y como les imputa el Ministerio Público.

En el juicio han prestado declaración tanto los acusados como tres de los agentes que intervinieron en la detención -otro policía que estaba citado no ha podido acudir-, que han comparecido como testigos-afectados y han asegurado que los cuatro okupas les tiraron palos y otros objetos, en una "batalla campal", para evitar la detención, que se llevó a cabo "a los dos o tres minutos", han apuntado las fuentes.

Los cuatro okupas pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla el día 9 de mayo y se acogieron a su derecho constitucional a no declarar, tras lo cual el Juzgado fijó para este jueves el juicio rápido contra los imputados. En el desalojo fueron detenidos otros dos okupas, quienes no pasaron a disposición judicial ya que fueron puestos en libertad con cargos por la propia Policía Nacional, que les imputa un delito de usurpación de bienes inmuebles, es decir, de ocupación ilegal.