La Fiscalía de Sevilla considera que es necesario encargar un informe pericial para determinar el "quebranto patrimonial" causado en las distintas administraciones públicas afectadas por las mordidas que pagaba la empresa Fitonovo, a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, apunta este extremo en el informe remitido el pasado 26 de enero a la juez Mercedes Alaya, que investiga la operación Madeja y a la que el Ministerio Público ha pedido que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional para investigar este caso, tanto por el número de imputados -que asciende a 95- como por las provincias implicadas y el "notorio alcance" de los hechos investigados, que tienen una "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional".

El informe de la fiscal jefe destaca en primer lugar que en el estado actual de la causa de la operación Madeja "se ha producido una presunta vulneración de las normas de contratación de las administraciones públicas", pero Segarra advierte que "no está cuantificado todavía cuál ha podido ser el quebranto patrimonial que han sufrido las arcas públicas" como consecuencia de los pagos efectuados por Fitonovo a funcionarios públicos.

La fiscal entiende que, para acreditar este perjuicio, "sería necesaria una prueba pericial en relación con las cantidades por las que se licitaban los concursos públicos", al objeto de precisar "cuáles serían las cantidades por las que se habían concertado para presentar las ofertas fraudulentamente en relación con los precios medios establecidos para las obras o servicios sacados a concurso".

Estos datos, recuerda la fiscal, no constan en el momento actual de la instrucción y aunque se pueda suponer que esas obras o servicios se realizaron efectivamente, "lo que es dudoso" es que pueda considerarse el precio obtenido por la Administración pública como "equivalente a la cuantía del perjuicio o defraudación a los efectos de la competencia judicial". El informe del Ministerio Público considera, no obstante, que sí existen "sólidos indicios de sobrecostes derivados fundamentalmente del pago de comisiones" a los funcionarios públicos a cambio de los favores en la adjudicación de los contratos. La fiscal jefe recuerda que, según las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esas mordidas pagadas por Fitonovo ascienden a unos 4,3 millones de euros.

Esa importante cuantía de las comisiones, así como el mecanismo ideado para crear la contabilidad B o paralela de Fitonovo de la que partía el pago de las mordidas, determinan para la Fiscalía la posible "afectación de la seguridad del tráfico mercantil, con una importante repercusión en economía nacional".

Además del elevado número de imputados y la cantidad destinas al pago de comisiones, el informe de la Fiscalía destaca la "complejidad de la instrucción, tanto en relación con los hechos que deber ser objeto de investigación como del número de personas inculpadas en esta ciudad" y en otras provincias, incluso fuera de la comunidad autónoma andaluza.

La fiscal jefe argumenta también para enviar la causa a la Audiencia Nacional el hecho de que aunque estas investigaciones se prolongan desde hace más de un año, la instrucción puede "dilatarse excesivamente" en perjuicio de los imputados, dada la copiosa prueba documental aportada y la cantidad de acciones que pueden calificarse como delitos de "distinta y variada tipificación", al tiempo que "todavía puedan salir a la luz al desarrollarse más las investigaciones hechos nuevos que puedan revestir caracteres de delito", con lo que se trataría de una "macrocausa difícil de manejar pese al trabajo ímprobo de la juez de instrucción".

Por todo ello, el Ministerio Público ha solicitado a la juez Mercedes Alaya que se inhiba en favor de la competencia de los juzgados centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. La magistrada resolverá la cuestión en un auto que puede hacerse público en los próximos días.

Hasta 24 funcionarios y cargos públicos percibieron comisiones

El informe elaborado por la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, detalla que Fitonovo pagó comisiones al menos a  24 funcionarios y cargos públicos, tanto dentro de la comunidad autónoma andaluza como fuera de ella. En concreto, la Fiscalía precisa que fueron 18 los funcionarios y cargos que percibieron comisiones en Andalucía y los seis restantes se localizan en Zaragoza, Lanzarote, Valencia, Barcelona y en la comunidad de Extremadura. El pago de comisiones por parte de Fitonovo se extendió a estas provincias porque, según refleja el informe, la empresa había creado una "infraestructura contable destinada a la obtención de contratos públicos de forma irregular, creando una contabilidad B o paralela a la legal, y una trama destinada a financiar el pago de comisiones a funcionarios públicos". Fitonovo creó asimismo "vías para disfrutar de forma opaca de los beneficios que se obtuvieran de dichos contratos que les fueran adjudicados por las Administraciones Públicas".