Un frente común formado por la oposición política (PSOE e IU), sindicatos (CCOO y UGT), organizaciones  como Ecologistas en Acción y Equo, asociaciones (Ben Baso o Vecinos Guadalquivir ) y el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, se reunió ayer ante la puerta principal de la fábrica de tabaco de Los Remedios para reclamar a Zoido que retire del orden del día del pleno de mañana el convenio para dar uso a la antigua fábrica de Altadis, ya que el texto sufre "importantes deficiencias".

El proyecto divide el solar de 26.177 metros cuadrados de superficie en dos grandes zonas: una, la situada más al sur, que permanecerá en manos de Altadis y que se recalificará para acoger usos terciarios (centro comercial, hoteles, bares, etcétera), y otra, la que linda con el Círculo de Labradores, que cederá la tabaquera al Ayuntamiento para desarrollar equipamientos de barrio, servicios sociales y usos culturales. El Ayuntamiento, además, se beneficiará de una parcela para usos lucrativos. Tanto la ciudad como la multinacional dispondrán de unos 31.000 metros cuadrados de edificabilidad. De llegar a buen puerto, el proyecto supondrá un auténtico cambio en la fisonomía urbana de esta zona de la ciudad. De hecho, del conjunto de inmuebles que actualmente componen la fábrica -construida en 1954 y remodelada a mediados de los 60-, sólo quedarán en pie el edificio principal, que cuenta con una protección de tipo C por estar catalogado como patrimonio industrial en el PGOU, y la capilla de la hermandad de las Cigarreras. El resto desaparecerá. Ambos inmuebles los tendrá que entregar la multinacional al Ayuntamiento en "condiciones de seguridad y salubridad", según reza en el convenio firmado.

Una de las preocupaciones es que la necesaria recalificación de los terrenos posibilitaría la creación de una superfie comercial así como un reparto de edificabilidad, que permitiría construir una torre sobre los actuales Jardines Manuel Ferrand. El frente común avisa de la posible "ilegalidad" del convenio y de un "falso proceso de participación", reclamando al alcalde un nuevo texto sustentado en "la participación ciudadana, el desarrollo conciliable con los intereses privados, la preservación patrimonial y la regeneración medioambiental".

"Es una hipoteca para el futuro de la ciudad", afirmó Juan Espadas, quien teme "un pelotazo" urbanístico. La idea es compartida por José Manuel García a la hora de señalar que el texto se ciñe simplemente "a los intereses privados" para poner a su servicio, y no al de la ciudad, una localización "privilegiada" de Sevilla. Comisiones Obreras sospecha que tras esta operación resida la mera intención de crear "otro centro comercial"; mientras que la portavoz de Ecologistas en Acción, Laura Soler, criticó que el gobierno municipal no haya respondido aún oficialmente a las alegaciones del colectivo (falta de justificación de los nuevos usos, desprotección del patrimonio, eliminación de zonas verdes, e incremento de la altura de la edificación), y lamentó que haya sido mediante los grupos de oposición como se ha conocido que "todas las alegaciones" al proyecto de convenio inicial han sido desestimadas.

Pues bien, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, alegó que "la propuesta gráfica y la distribución de usos y edificabilidades" que acompañan al convenio urbanístico destinado al aprovechamiento de la antigua planta "tienen carácter no vinculante". Tras reclamar el apoyo para el texto defendiendo que es "beneficioso" para la ciudad, el concejal de Urbanismo aseguró que "la oposición trata de confundir a la opinión pública, ya que ni mucho menos se desoye o evita el proceso participativo en la elaboración del planeamiento urbanístico. Lo que sucede es simple y llanamente que la gran mayoría de alegaciones presentadas versan sobre cuestiones relativas a la ordenación urbanística y por tanto deberán ser formuladas en el momento procedimental correspondiente". Por último, señaló que ninguna de las alegaciones presenta alguna legalidad en el proyecto.