Totalmente deteriorado, con mucha basura y oliendo a gatos. El día en que la comisión provincial de Patrimonio daba el visto bueno al uso terciario de la antigua comisaría de la Policía Nacional situada en la Gavidia, un grupo de periodistas tuvo acceso a este edificio, propiedad del Ayuntamiento de Sevilla desde 2005 y que ha protagonizado un largo –y polémico– debate sobre su futuro. La visita estuvo organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) –con el permiso de la Gerencia de Urbanismo– con motivo de la colocación de la placa del movimiento DocoMomo, que cataloga estas instalaciones como exponentes del movimiento moderno. El acto, incluido dentro de la Semana de la Arquitectura, contó con la presencia de varios representantes del colectivo Entre Adoquines, que aboga por el uso público del recinto.

Postergada en varias ocasiones, al fin ayer se colocó este distintivo en un edificio diseñado por Ramón Montserrat Ballasté e inaugurado en 1962. Estuvo en funcionamiento hasta 2003. Durante este tiempo, pocas han sido las oportunidades que los medios han tenido de acceder a unas instalaciones que se encuentran en un lamentable estado de conservación.

La entrada se hizo por la calle San Juan de Ávila. La primera imagen que se tiene cuando se accede es la de un grave deterioro. De ruina. El destrozo y la suciedad son una constante. El olor a orines de gato, también. Según el guardia de seguridad que atendió a los periodistas, hay varias colonias felinas en estas instalaciones. El grupo que lo visita sube por una escalera que lleva hasta la sala principal, donde se expedían los DNI y se ponían las denuncias. Buena parte del suelo se encuentra repleto de trozos del techo falso (escayola). El acero de las ventanas está oxidado. En el patio que sirve de distribuidor la vegetación se conserva bastante bien. La Gerencia de Urbanismo ha dado órdenes de que no se capten imágenes del interior, sólo del exterior. Pero resulta difícil resistirse a la tentación. Han pasado 15 años desde que los sevillanos no entran en un edificio declarado también lugar de memoria democrática, ya que por sus calabozos pasaron muchos represaliados del régimen franquista.

Una vez fuera, en las escaleras por las que los ciudadanos accedían a la comisaría, se coloca una de las tres placas del catálogo DocoMomo. Lo hacen Juan García, en nombre de la Gerencia, y Francisco Gutiérrez Oliveros, por el COAS. Luego llegan las declaraciones, realizadas entre trozos de cristal y basura. Mucha basura. Hay un colchón abandonado –que debió usar algún indigente– y hasta un pequeño barril de cerveza. El primero en tomar la palabra es el vocal del COAS, quien defiende un uso y rehabilitación públicos del edificio, en contra del planteamiento del gobierno de Juan Espadas, al que ha dado el visto bueno la comisión provincial de Patrimonio, órgano dependiente de la Junta de Andalucía. “Tenemos nuestras dudas sobre si el uso terciario es el mejor para este recinto. Ante todo, como arquitecto, defenderé siempre su valor patrimonial y que se convoque un concurso internacional de ideas para la rehabilitación. La iniciativa privada, para mí, es menos aconsejable”, refirió Gutiérrez Oliveros, quien, no obstante, apostilló que “un uso público-privado es más realista”.

Aún más contundente se mostró Francisco Ramos, representante de la asociación Entre Adoquines, quien incidió en que este colectivo “no está de acuerdo con la venta de la antigua comisaría”. “Defendíamos un uso público que contribuyera a la regeneración de la Gavidia”, destacó.

Por su parte, Juan García, representante de la Gerencia, puntualizó que “cualquier intervención que se haga va a ser tutelada por la administración pública”. “Lo que no puede seguir por más tiempo este patrimonio en tan lamentable estado”, añadió.

Acabadas las declaraciones, se vuelve a salir por la puerta trasera de San Juan de Ávila, por la que entraban los furgones. Se dejan atrás las entrañas de un edificio que parece haber sufrido los envites de una guerra. La batalla del tiempo que seguirá librando. Pero en manos privadas.