Estupor en el sector educativo por la última medida aprobada por el Gobierno central. El Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió a finales de año exigir a las empresas donde los alumnos de Formación Profesional (FP) desarrollan prácticas el pago de la Seguridad Social por dicha actividad. Este requisito –establecido en un decreto publicado el pasado 28 de diciembre– ya está teniendo repercusión en los institutos, donde varias empresas han comunicado su decisión de romper los acuerdos si han de sumar este gasto a los que ya afrontan con las mencionadas prácticas.

Una de las primeras patronales en dar la voz de alarma ha sido CECE Andalucía, que ha alertado de la situación con la que se han encontrado numerosos centros de enseñanza a la vuelta de las vacaciones de Navidad. “La nueva norma se ha aprobado por sorpresa y sin consultar a las autonomías, universidades, empresarios, centros educativos ni estudiantes”, aseveran desde esta federación, con gran representación en la provincia de Sevilla.

El mencionado decreto establece que las empresas serán las que habrán de abonar el pago a la Seguridad Social por las horas de prácticas que realicen en ellas los alumnos de FP. Una obligación de la que estarán exentas en caso de que el convenio con los centros traslade este gasto a los institutos y escuelas privadas. “La normativa provocará que muchas empresas colaboradoras obliguen a los centros a pagar tales cantidades si quieren que sus estudiantes continúen con las prácticas”, advierten desde la referida patronal.

La patronal CECE ha pedido al nuevo Gobierno andaluz que impida "los efectos negativos" de la normativa estatal

Una alarma que ya se ha evidenciado, pues, según CECE, “los centros de FP ya están recibiendo quejas de las empresas con las que habitualmente colaboran, que les han advertido que, de ponerse en marcha esta exigencia, no recibirán más alumnos en prácticas”.

Para la patronal, “esta nueva forma de recaudación de impuestos” pone “más dificultades” a una oferta educativa por la que ha apostado especialmente la Junta de Andalucía, en concreto, en la modalidad de FP Dual, de gran éxito por su importante inserción laboral. Por tal motivo, CECE pide al nuevo Gobierno andaluz que “impida los efectos negativos” de la normativa estatal.