El Equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil ha asegurado en un informe que el ex primer teniente de alcalde y concejal de IU Antonio Rodrigo Torrijos estaba "al tanto" de las irregularidades que se produjeron en la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación de Sevilla, que a juicio de los investigadores fue creada con el único propósito de desviar más de seis millones de fondos públicos a "fines para los que no estaban autorizados". El informe revela asimismo que hasta la Gerencia de Urbanismo subvencionó con 887.000 euros proyectos de la Fundación en contra de la ley general de Subvenciones, por cuanto prohíbe el pago de nuevas ayudas mientras no se hayan justificado las anteriores.

En el informe remitido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, los investigadores de la Guardia Civil, tras analizar las declaraciones del interventor del Ayuntamiento y del concejal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, llegan a la conclusión de que Torrijos "no puede negar que estaba al tanto de todo" porque incluso llegó a mantener reuniones con el interventor "donde trataba los problemas que surgían con el pago de las subvenciones y siendo protagonista, de una forma u otra, en los tres lugares (Patronato, Delegación de Relaciones Institucionales y Junta de Gobierno Local) donde se decidían subvenciones para la Fundación, desde la solicitud inicial hasta su aprobación definitiva".

La Guardia Civil entiende que Torrijos ha basado su defensa en manifestar que "no recordaba lo que se le preguntaba o estaba más en cuestiones políticas que las puramente administrativas de la Fundación, con lo cual era desconocedor" de los problemas existentes pero los agentes señalan que "era patrono y asistía a multitud de sesiones del Patronato". Torrijos alegó igualmente que él firmaba como delegado de Relaciones Institucionales pero eran los técnicos los que formalizaban los expedientes, pero "las cuatro subvenciones concedidas por su delegación fueron informadas con observaciones por el interventor" municipal, por lo que tuvieron que ser aprobadas por la junta de gobierno local. Esto lleva a los investigadores a preguntarse si esos reparos del interventor "no levantaron las alarmas del señor Torrijos", por cuanto no se trata de un caso aislado, sino de la "totalidad de las subvenciones tramitadas por la Delegación de Relaciones Institucionales". Además, recuerdan que Torrijos intervino en un Pleno extraordinario defendiendo la gestión de la Fundación.

De otro lado, los agentes afirman que DeSevilla fue creada con una estructura "claramente jerarquizada" en la que sus miembros tenían una "gran cohesión" determinada porque les unía el mismo "componente ideológico" vinculado a Izquierda Unida, y su creación no fue fortuita, sino que se llevó a cabo precisamente "con el objetivo, desde el inicio, de conseguir el desvío de dinero público hacia fines no autorizados".

La Guardia Civil estima que la Fundación se constituyó en la "herramienta fundamental" para el desvío de los fondos públicos porque, "una vez era receptora de las partidas dimanantes del Ayuntamiento u otras instituciones, estaba fuera de la fiscalización directa, siendo los gestores y por consiguiente administradores del dinero que recibía ese colectivo" y que asciende a más de seis millones de euros. Una buena parte de esos fondos procedía de la aportación de los cinco patronos natos -empresas públicas del Ayuntamiento-, que en el periodo investigado entregaron a DeSevilla más de 3,5 millones; otros dos 2,5 millones procedieron de subvenciones nominativas del Ayuntamiento; y también han "aflorado" en el marco de la instrucción subvenciones de la Gerencia de Urbanismo por importe de 887.000 euros, a las que hay que sumar las concedidas por la Junta de Andalucía que aún no han sido analizadas.

Con respecto a esas subvenciones de Urbanismo, la Guardia Civil apunta que el 12 de noviembre de 2008 se firmó un convenio para llevar a cabo dos actividades: un seminario de aplicación de la guía de la Unesco y cooperación con el Ayuntamiento de Gaza (territorios palestinos ocupados) en materia de planificación urbana. La Gerencia debía abonar 100.000 euros como parte del montante total de 887.000 euros, y se abonaron 75.000 euros sin que "hasta la fecha se haya justificado dicha subvención por parte de la Fundación" ni tampoco existe constancia de que se haya solicitado el reintegro de la cantidad. Esto resulta de "sumo interés" para los investigadores, dado que al haber abonado el Ayuntamiento otras subvenciones de 742.500 euros del expediente 98/08, 534.986,86 euros del expediente 37/09, y 150.000 euros del 85/08, se contravino la ley general de Subvenciones por haberse pagado subvenciones "sin haber justificado las anteriores".

Los investigadores consideran que la fundación es "responsable" de las irregularidades, así como "los miembros del Patronato".