El Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla ha imputado por presuntos delitos de robo con fuerza y daños a cuatro trabajadores de una chatarrería por su presunta relación con el expolio de las instalaciones de la Isla de la Cartuja que, hasta mediados de 2012, albergaban dependencias de la Policía Local y que el Ayuntamiento hispalense vendió a la firma Detea.

El edificio en cuestión fue adquirido por la empresa Detea al Ayuntamiento el 29 de diciembre de 2009, pero siguió albergando las instalaciones de la Policía Local hasta mediados de 2012. El pasado 25 de mayo el personal de Detea visitó las instalaciones para evaluar si estaban en perfecto estado con el objetivo de estudiar si ubicar en ellas sus oficinas. Días después, el 15 de junio, se firmó la entrega por parte del Ayuntamiento sin que hasta el 19 de junio los responsables de la empresa advirtieran del elevado estado de deterioro del inmueble, que según refleja un informe derivado de una inspección posterior, había sufrido el "desmantelamiento" de su equipamiento e instalaciones. Detea elevó los hechos a la Policía Nacional el 20 de junio de 2012.

Fruto de esta denuncia, el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla ha incoado unas diligencias en las que figuran como imputados cuatro trabajadores de una chatarrería que fueron detenidos y que han prestado declaración, según figura en la documentación de un atestado policial al que ha tenido acceso Europa Press. En el atestado figura también, entre otros muchos documentos, el testimonio de un testigo que, ante los investigadores, manifestaba ser "cuñado" de un agente de la Policía Local de Sevilla y que éste le "comentó" que, como consecuencia de la evacuación de las dependencias municipales de la Isla de la Cartuja, "querían desprenderse" de unas taquillas. Este policía habría manifestado a su cuñado, según la declaración de este último, que contaba con "autorización" y le propuso que se encargase "de la gestión" del destino de las taquillas.

El cuñado de este agente ha testificado que contactó con la chatarrería involucrada en los hechos y acordó la "retirada" de las taquillas con el encargado del negocio. Después, y según su declaración, medio una "factura" y el declarante compartió el dinero recibido con su cuñado, el policía local. Finalmente, entre el 10 y el 13 junio fueron "recogidas" las mencionadas taquillas.

El agente aludido por su "cuñado" ha reconocido que entre el 9 y el 12 de junio de 2012 estuvo "coordinando las tareas de evacuación de las taquillas" ante el desalojo del edificio. Ha admitido que estas 500 taquillas eran "propiedad del Ayuntamiento", pero ha alegado que un intendente de la Policía Local le dijo que "podía disponer de ellas" al ser ya "inservibles".