El Ayuntamiento informó este viernes del aumento de la plantilla del Instituto del Taxi, en el que también se planteará una reestructuración de competencias o la unificación de los llamamientos de diferentes programas sociales, que prevé que pueda realizarse en próximas convocatorias.

Esta fue la respuesta a preguntas de Vox y Adelante Sevilla en la Comisión de Fiscalización y Control al gobierno.

A preguntas del concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja sobre la “falta de personal” del Instituto del Taxi y los “retrasos” en las tramitaciones, la delegada de Recursos Humanos, Clara Isabel Macías (PSOE), ha anunciado que, “a pesar de la Ley Montoro”, este viernes se aprobaron en la junta de gobierno local dos puestos de auxiliar administrativo para este órgano. 

“Ahora hay nueve trabajadores desde los seis que existían en 2017. Con estas modificaciones se puede aplacar la problemática existente y el atasco”, afirmó, tras apuntar que entre 2018 y 2019 se ha autorizado la realización de 4.040 horas extraordinarias de la plantilla para “darle un plus a ese atasco burocrático que existía”.

Macías, a la espera de que se constituya la nueva representación del Instituto del Taxi, pide dar “una vuelta” a las competencias y que se puedan algunas traspasar a otras áreas del Ayuntamiento. Ante ello, García de Polavieja ha valorado que se intente afrontar el problema, aunque no sabe si estos serán “los parches definitivos para solucionarlo” ante una “plantilla sobrepasada por el volumen de trabajo”.

Sobre los programas sociales, el concejal de Adelante Sevilla Daniel González Rojas, que advirtió del “cuello de botella” de los recursos humanos municipales, apostó por que se realicen los llamamientos de estos programas de modo común “para garantizar el mérito y capacidad”. “Es verdad que la Ley Montoro, y ahora Montero, es muy mala. La legislación nos constriñe, pero hay margen para cubrir vacantes y bajas y ustedes hacen muy poco”, expuso apuntando al gobierno local.

Macías reconoció la “carencia” de personal y espera que el Gobierno central derogue o modifique la citada normativa o que, “al menos, se pongan de acuerdo para liberar aunque sea un 25 por ciento de la tasa de reposición”. Así, aunque afirmó que el Ayuntamiento tiene previsto acumular los llamamientos en próximas convocatorias, en la actualidad no puede hacerlo porque “los programas se encuentran en distintas situaciones”, ya que algunos están en fase inicial, otros en intervención y otros ya en proceso de llamamiento.