El juicio de Mercasevilla

El ex asesor jurídico Jorge Piñero niega que existiera "una conspiración" para favorecer a Sando

  • Rechaza cualquier intervención con Larena 98, cuyo derecho de superficie se subrogó la empresa que luego ganó el concurso.

Una imagen de la sesión en la Audiencia de Sevilla. Una imagen de la sesión en la Audiencia de Sevilla.

Una imagen de la sesión en la Audiencia de Sevilla. / M.G.

El ex asesor jurídico de Mercasevilla y ex vicesecretario del consejo de Administración Jorge Piñero ha negado este martes en el juicio que recibiera instrucciones del entonces director de la lonja Fernando Mellet para que introdujera dos cláusulas en el pliego de condiciones del concurso público para venta de los suelos que según la Fiscalía fueron incluidas expresamente para favorecer a la empresa Sando. "No he participado en ninguna conspiración de nada, ni he sospechado que aquí la hubiera para favorecer a nadie", ha aseverado al término de una declaración que se ha prolongado durante más de tres horas.

Jorge Piñero, que está acusado al igual que los otros nueve procesados de un delito de fraude y exacciones ilegales, ha explicado en la sexta sesión del juicio que se sigue en el juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla que "en absoluto" recibió ninguna instrucción de ese tipo y también ha negado que tuviera conocimiento de las modificaciones de los pliegos que fueron presentados a la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla el 8 de noviembre de 2005 y a la junta de accionistas en la reunión del 30 de noviembre de ese mismo año.

El ex vicesecretario del consejo también ha negado que el ex primer teniente de alcalde y ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos tuviera participación en la elaboración de los pliegos. "No tuvo participación ni me dio instrucciones para favorecer a Sanma", ha aseverado Piñero, que también ha rechazado que enviara a Torrijos los borradores del pliego del concurso.

Lo mismo ha afirmado de los acusados Domingo Enrique Castaño –ex director de área de Vía Pública- y del ex concejal del PSOE y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, con respecto a que no intervinieron en el proceso ni tenían interés en que el concurso se adjudicara a Sanma.

Según el ex asesor jurídico, el pliego aprobado en la comisión ejecutiva ya llevaba las dos polémicas cláusulas, la de titularidades previas –que favorecía a los poseedores de algún derecho de superficie- y la de limitación al alza, que penalizaba aquellas ofertas económicas que superaran en un 10% la media de todas la ofertas presentadas para hacerse con el concurso para la enajenación de los suelos.

Piñero ha defendido que ni el secretario ni el interventor del Ayuntamiento, ni los miembros de la sociedad estatal Mercasa tuvieran alguna "duda" de las cláusulas, y lamentó que estas personas no fuesen "claras y rotundas" cuando fueron llamadas por el juzgado de Instrucción.

El ex asesor jurídico ha reconocido que recibió el encargo de los órganos societarios para que interviniera en la elaboración del pliego de condiciones en lo que se refiere a las cuestiones civiles y mercantiles, en lo relativo a "la opción de compra, prima y precio final", y ha añadió que "a través de Mercasevilla" le llegó un modelo o borrador de la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante, que también era miembro de Mercasevilla.

Jorge Piñero también intervino como "secretario" de la mesa de contratación y ha señalado que a la hora de abrir los sobres con las ofertas no se hizo "ningún comentario" sobre las posibilidades de ganar que tenía la empresa Sanma, filial del grupo Sando.

El 13 de febrero de 2006, la mesa de contratación recibió la propuesta de los técnicos José Antonio Ripollés y María Victoria Bustamante, en la que se proponía la adjudicación a Sanma, y dos días después, el 15 de febrero, la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla aprobó la adjudicación en estos términos.

El fiscal preguntó a este acusado sobre cómo se decidió que la fórmula para la enajenación de los terrenos fuese mediante un concurso público, a lo que Piñero ha contestado que él "jamás" habló de la posibilidad de que fuese una “adjudicación directa, ni por informe ni de palabra”, ni tampoco cree que se debatió en los órganos societarios del mercado mayorista. "Me importaba muy poco que fuera de una manera u otra", ha subrayado Piñero, que sí ha reconocido que la elaboración del pliego se hizo "con demasiada prisa" porque se le encargó con poco tiempo. A la hora de la venta se planteó que el respeto a los principios de legalidad, concurrencia, y publicidad, y por eso se publicaron anuncios en la prensa para preservar la transparencia, ha destacado.

Sobre el conflicto planteado por la empresa Larena 98, que poseía un derecho de superficie sobre varias parcelas, Piñero ha dicho que "no sabía absolutamente nada, de si pagaba o no el canon, hasta que se enteró de que había un pleito" en el que reclamaba al mercado 16 millones de euros.

Por último, ha insistido en que no tuvo "ninguna intervención" en la negociación con Larena que acabó con la firma de un acuerdo por el que Sanma se hacía con el derecho de superficie de ésta tras pagar la cantidad de 1.080.000 euros.

En la sesión también ha prestado declaración el consejero delegado y responsable del grupo Sando, Luis Sánchez Manzano, quien ha desligado la operación de la subrogación del derecho de superficie de Larena 98 de la participación en el concurso público para la venta de la totalidad de los terrenos. El responsable del grupo ha rechazado cualquier intervención en la elaboración del pliego de condiciones y en la licitación, y ha rechazado que pidiera al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet que introdujera cláusulas para favorecer a su empresa.

Luis Sánchez Manzano ha dicho que Sando ofreció un precio "bastante ajustado", 106 millones, porque tenían "mucho interés" en hacerse con los suelos del Mercado mayorista porque era una "proyecto atractivo" para su empresa.

El juicio por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso de los suelos de Mercasevilla continuará el próximo jueves, con la declaración de los tres últimos acusados que aún no han declarado.

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