La Junta acata, pero no calla. Pocas horas después de conocerse el fallo del Constitucional, la Consejería de Educación hacía público un comunicado en el que mostraba sus intenciones de seguir oponiéndose a la educación diferenciada, a la que por imperativa judicial está obligada a seguir concediendo ayudas públicas e incluirla en la oferta de escolarización.

Las declaraciones de la consejera del ramo, Sonia Gaya, fueron directas a la diana, a la ley que permite la concesión de subvenciones públicas a los centros no mixtos: "Pido de una vez por todas la derogación de la Lomce para que este modelo de enseñanza discriminatoria no tenga coartada". "Andalucía se sitúa en las antípodas de esta norma y por eso fija su sistema de enseñanza en valores como la igualdad, la equidad o la inclusión, sin itinerarios segregadores", añadió

Gaya defendió el avance hacia un modelo educativo "más acorde" con el siglo XXI. "Andalucía siempre aspira a una enseñanza mixta, que responde al concepto de sociedad igualitaria y diversa". En este sentido, recordó que en esta comunidad se mantiene la asignatura Educación para la Ciudadanía, que no hay ranking de centros y que fue la primera en elaborar un plan de igualdad entre hombres y mujeres en educación para impulsar la igualdad de género desde el aula.

Las declaraciones de la consejera se contraponen a la declaración de la Unesco de 1960, a la que se refirió el Supremo en la sentencia del año pasado, según la cual la enseñanza diferenciada no supone ningún quebranto de la igualdad de género siempre que exista una oferta idéntica para niños y niñas.