Nueva victoria judicial de la enseñanza diferenciada. El Tribunal Constitucional ha avalado este modelo educativo al rechazar el recurso que el PSOE presentó en 2014 contra la ley educativa del Gobierno de Rajoy -la Lomce-, que obliga a las comunidades autónomas a prestar ayudas públicas a los colegios que no mezclan a niños y niñas en sus aulas. La decisión supone un varapalo para la Junta de Andalucía, que lleva dos décadas en contra del concierto de este tipo de aulas al estimar que "rompe el principio de igualdad". En la comunidad autónoma existen actualmente nueve centros diferenciados: seis en la provincia de Sevilla (Altair, Albaydar, Ribamar, Elcható, Ángela Guerrero y Nuestra Señora de Lourdes) y tres en la de Córdoba (Zalima, Yucatal y Torrealba).

Es la segunda vez que el Constitucional se pronuncia a favor de la escuela segregrada. Ya lo hizo a principios de 2016, cuando rechazó el recurso interpuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) -a instancias del Gobierno andaluz- contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013, los cuales incluyeron una partida de fondos públicos para mantener el concierto de los centros diferenciados. En aquella ocasión el Alto Tribunal no entró en el fondo de la cuestión; es decir, dejó sin resolver si dicha subvención era constitucional. Basó su decisión en la polémica Lomce, uno de los frentes de batalla del primer Gobierno de Rajoy. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa -entonces conocida como Ley Wert- ampara el concierto de la educación no mixta, lo que supone un escudo legal para estos colegios -la mayoría de ellos perteneciente a la obra educativa del Opus Dei- frente a las pretensiones de los ejecutivos autonómicos de signo distinto al central, como es el caso de la Junta.

Pese a la decisión del Constitucional, al Gobierno de Susana Díaz no le tembló el pulso el año pasado, cuando tocaba renovar los conciertos educativos. Eliminó de un plumazo las ayudas a los centros diferenciados. Los excluyó de la oferta pública. Ni siquiera esperó a que el Supremo se pronunciara sobre el recurso presentado por la Junta contra un fallo anterior del TSJA, que le obligaba a restablecer el concierto con estos colegios.

La medida, sin embargo, duró poco. Antes de que comenzara el presente curso el Supremo daba la razón al Alto Tribunal andaluz, por lo que el Gobierno autonómico se veía obligado a ofertar plazas públicas diferenciadas. La sentencia se basaba, de nuevo, en lo establecido por la Lomce y también en la declaración de una convención de la Unesco, de 1960, que determina que este tipo de enseñanza no supone ningún tipo de agravio para la igualdad de género, una posición totalmente contraria a la que mantiene el Ejecutivo andaluz.

El texto de la reciente sentencia del Constitucional no se ha dado aún a conocer. Se hará público, junto a los votos particulares, cuando se les notifique a las partes interesadas, a las que este martes se les comunicó el fallo. La sentencia también desestima la solicitud de adhesión del Parlamento de Navarra al recurso del Grupo Parlamentario Socialista. También presentaron impugnaciones a la Lomce los gobiernos autonómicos de Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias.

Una vez que se haga pública la sentencia, se conocerá en qué se basa el Alto Tribunal para avalar este modelo pedagógico, que con dicha resolución garantiza el mantenimiento de las ayudas públicas y que numerosas familias opten a sus plazas sin que supongan ningún coste para ellas.

El recurso presentado en su día por el PSOE argumentaba su rechazo a la Ley Wert en más de cien páginas, al entender que la ley educativa del Gobierno de Rajoy permite una enseñanza que "segrega por sexo" al blindar los conciertos de los centros diferenciados.

Tras perder Rajoy la mayoría absoluta en 2016, muchos detractores de la Lomce confiaban en que la ley tendría los días contados. Sin embargo, aún se mantiene vigente y supone, entre otros aspectos, una garantía para que la enseñanza no mixta siga recibiendo ayudas públicas.