La Policía Nacional han liberado a siete mujeres que estaban siendo explotadas laboralmente dentro de un operativo en el que además han sido detenidos cinco miembros de la red criminal cuyos líderes eran un grupo de españoles y nicaragüenses, perfectamente estructurados y que dividian su actividad delictiva en dos fases. Por un lado captaban a las víctimas en nicaragua, su país de origen, y por otro lado estaba el transporte y alojamiento ya en España. A los cinco detenidos se le han importado los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y pertenencia a organización criminal y la Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión para dos de los detenidos.

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal que captaba a víctimas en Nicaragua, bajo la promesa de venir a España y conseguir un trabajo digno como empleadas de hogar.

Los detenidos engañaban a las víctimas para traerlas desde Nicaragua y luego las instalaban en las Trel Mil

Según ha informado la Policía Nacional en una nota, los miembros de esta red criminal compraban  a las víctimas un billete de avión destino París y de allí a Bilbao, y les suministraba dinero en efectivo para realizar el cruce de la frontera, con el fin de garantizar su entrada como turistas, debiendo devolverlo íntegramente a su llegada a Bilbao. Además les obligaban a firmar un contrato en Nicaragua, en el que la organización se quedaba con las viviendas de las víctimas e incluso la de sus padres, si no se saldaba la deuda adquirida, retirándoles las escrituras de las viviendas con las que se avalaban el pago.

Nada más aterrizar en España, estas mujeres eran informadas de que la deuda adquirida llegaba a superar los 7.000 euros, siendo aceptadas por las víctimas, ya que si no lo hacían perdían sus casas.

A partir de aquí comenzaba la segunda fase en la que se organizaba esta organización criminal. Tras la captación mediante el engaño y el abuso del estado de necesidad de estas mujeres, las víctimas eran trasladadas desde el País Vasco a Sevilla, engordando así la deuda, y en concreto eran alojadas en domicilios de las Tres Mil Viviendas, donde podían convivir hacinadas hasta más de 15 chicas, pagando mensualmente 100 euros cada una, hasta que conseguían trabajo.

La organización cobraba a las víctimas por cualquier gestión tales como el alquiler de la cama, donde podían pernoctar en la misma habitación 8 ó 9 mujeres; por poner anuncios en páginas de internet gratuitas poder encontrar trabajo; por presentarse a una entrevista de trabajo, que la organización había concertado, llegando a cobrar hasta 100 euros por cada una de las entrevistas, no importando si eran seleccionadas o no para el trabajo; por cada uno de los traslados, impidiéndoles tener autonomía a la hora de moverse, pues cada paso que daban tenía que ser guiado por el conductor de la organización.

Una vez seleccionadas para trabajar como internas en algún domicilio, tenían que abonar 500 euros, para ir saldando la deuda, y a pesar de estar internas, tenían que seguir abonando mensualmente el alquiler de la cama donde pernoctaban en las viviendas de la organización.