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La Manada conocerá este jueves la sentencia del caso de Pozoblanco

  • Cuatro de los cinco integrantes del grupo se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel

José Ángel Prenda sale de los juzgados de Sevilla.

José Ángel Prenda sale de los juzgados de Sevilla. / Antonio Pizarro

La sentencia sobre el juicio a cuatro de los cinco miembros de La Manada por la acusación de abuso sexual a una joven en Pozoblanco (Córdoba) en 2016, que se conocerá mañana, desvelará la validez como prueba del vídeo que provocó la apertura del caso.

El juez de lo Penal número 1 deberá dilucidar si, como sostiene la defensa de Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero, los agentes de la Policía Foral de Navarra obtuvieron "de forma ilícita" la prueba porque "carecían de autorización judicial" para ello, como mantuvo durante las sesiones, celebradas el pasado noviembre, el letrado Agustín Martínez.

El abogado rechazó en la vista que los agentes forales hallasen el vídeo de formal casual durante la investigación de la violación en grupo en los Sanfermines de 2016, por la que los acusados -y otro integrante más de La Manada- fueron ya condenados a quince años de prisión, y que, en cambio, hicieron una "investigación prospectiva de manual" que carecía de interés para el estudio pericial de la causa de Pamplona.

Pese a solicitar la absolución por la invalidez de la prueba, aparte de negar los abusos, Martínez pidió, como alternativa, dos años de prisión para Prenda por un delito de maltrato con la concurrencia de otro contra la intimidad; una pena de seis meses de prisión para Cabezuelo y Guerrero por delitos contra la integridad moral; y para Escudero una multa de un mes a razón de seis euros diarios por un delito de maltrato.

La Fiscalía dejó en seis años, frente a los siete que solicitaba en su escrito de acusación provisional, la petición de prisión, cuatro años para cada uno de ellos por un delito contra la intimidad y dos por abuso sexual.

Frente a la argumentación de la defensa, el fiscal defendió que el vídeo se obtuvo con "absoluto respeto a derecho" y sin que se hubiesen "afectado los derechos fundamentales de los acusados".

La acusación particular, ejercida por la joven y dirigida por el letrado Blas Arévalo, también entendió el vídeo una prueba "plenamente lícita" y pidió dos años y medio a cada uno de los acusados por un delito continuado de abusos y cuatro años por el delito contra la intimidad.

Los hechos juzgados ocurrieron entre Torrecampo y Pozoblanco en la madrugada del 1 de mayo de 2016, cuando la joven y los integrantes de La Manada, uno de los cuales había estado destinado como guardia civil en el puesto de esta última población, coincidieron en la feria del primero de los municipios.

La joven no recordada con exactitud los hechos, pero la visualización del vídeo descubierto por la Policía Foral le confirmó las sospechas, ya que en el trayecto entre Torrecampo y Pozoblanco perdió la consciencia por causas no precisadas.

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