Resuelto un asunto inverosímil. El Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda ha alcanzado un acuerdo en el que se viene trabajando desde hace años para el desbloqueo de la titularidad de los suelos de Marqués de Contadero, donde se construyó el Centro de Recepción Turística. Estos terrenos son estatales pero fueron cedidos a Sevilla a través de una concesión de 50 años para su uso como equipamiento que expira en 2025. Este límite temporal ha impedido el desarrollo de proyectos en las dos naves laterales aún sin uso dada la imposibilidad de ejecutar inversiones públicas o privadas dado que en un plazo corto de tiempo los suelos y todo lo construido en ellos pasarían a ser de titularidad del Estado.

El acuerdo alcanzado, que será suscrito en las próximas semanas, permite a la ciudad mantener la concesión de estos suelos para usos no lucrativos durante un periodo amplio de tiempo, lo que permitirá el desarrollo de proyectos para las dos naves laterales que contribuirán a la promoción turística y a la generación de actividad económica en la ciudad.

Parece increíble que el Consistorio, en el mandato del popular Juan Ignacio Zoido, promoviera la obra del Centro de Atención al Visitante sin resolver antes los detalles de la titularidad. Igual de increíble es que el gobierno socialista de Juan Espadas tampoco se percatara del problema cuando heredó la culminación de la obra. Según el Ayuntamiento, el meollo de la cuestión (que la concesión de los suelos se agota en 2025) se supo cuando se estaban diseñando los pliegos de condiciones para sacar a licitación la gestión de los centros de la tapa y del flamenco por parte de entidades privadas.

El único requisito impuesto por el ministerio es que no tengan uso lucrativo

El Centro de Atención Integral al Visitante ha estado marcado por la polémica desde su construcción. El Ayuntamiento rechazó hasta en tres ocasiones la recepción de los trabajos. La dirección facultativa de la obra se negó a declarar terminados los trabajos, por lo que cuestionó los planteamientos de la constructora San José. El gobierno tuvo que aumentar el presupuesto (de 4,2 millones) y las discrepancias entre la dirección facultativa y la empresa adjudicataria llegaron a alcanzar momentos de verdadera tensión.