La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado hoy por casi 96 millones de euros (95.778.338 euros) a la UTE integrada por OHL y Guamar las obras del subtramo I del Tramo Norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla. Así lo ha anunciado esta mañana la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en su intervención en el Foro Gaesco, donde ha avanzado que las obras de este subtramo, que incluye el trazado por el barrio de Pino Montano, comenzarán en primavera.

“El Gobierno andaluz sabe que completar la red de Metro es crucial para mejorar la movilidad de Sevilla y vamos a trabajar sin descanso para conseguirlo”, ha trasladado Rocío Díaz, que ha indicado que se “van cumpliendo los hitos de una obra”, que arrancó en 2023 con los trabajos del ramal técnico y 14 años después de que se inaugurara la única línea existente.

En este sentido, ha informado de que van a seguir llegando buenas noticias, ya que, además de la adjudicación del subtramo 1, está próximo a su adjudicación el subtramo 2 y en un mes se prevé licitar el subtramo 3, que es el de mayor coste con un presupuesto que ronda los 208 millones de euros. Estos tres contratos suman el 63% del recorrido del Tramo Norte, desde Pino Montano hasta el Hospital Virgen Macarena y el Parlamento de Andalucía.

Subtramo 1 de la línea 3 del Metro de Sevilla. Fuente: Metro de Sevilla.

El subtramo I abarca casi una cuarta parte del trazado del Tramo Norte de la Línea 3 del Metro entre Pino Montano y Prado de San Sebastián –1,7 de 7,4 kilómetros– más la ejecución de 699 metros para completar el ramal técnico, que enlazará la línea con talleres y cocheras. El tramo de ramal recoge un viaducto de 138 metros de longitud para salvar en superficie el cruce con el arroyo Tamarguillo y la Ronda Súpernorte (SE-20). Seguidamente, se construirá 1,7 kilómetros de trazado por el barrio de Pino Montano hasta alcanzar la Ronda Urbana Norte, incluyendo tres paradas. Salvo los primeros 300 metros en superficie, el resto del trazado discurre soterrado.

Además del Metro de Sevilla, la consejera también se ha detenido en la reactivación del tranvía de Alcalá de Guadaíra donde, una vez que se repararon los daños sufridos por vandalismo y expolio, se han movilizado contratos para culminar la obra civil por más de 158 millones de euros. Al respecto, ha anunciado que en este mes prevén adjudicar los contratos de electrificación, sistemas ferroviarios y estaciones, con un montante de 82 millones; y la construcción de talleres y cocheras, por 44 millones. Todo ello se suma a la compra del material móvil, que ya se está fabricando desde hace unos meses en la factoria de CAF en Linares.

Junto a estas infraestructuras ferroviarias, Rocío Díaz ha desgranado otros proyectos para mejorar la movilidad en el área metropolitana de Sevilla, como la reforma integral de la estación de autobuses de Plaza de Armas, la primera en sus más de 30 años de existencia, que finalizará en primavera, o el nuevo intercambiador de Lebrija. Además, se encuentra muy próxima la adjudicación de las obras de dos plataformas BUS-VAO que conecten el Aljarafe y Sevilla, con una inversión de 25 millones de euros.

La consejera de Fomento ha hecho mención al trabajo del Gobierno andaluz en la mejora de la red viaria, con especial atención a la A-92, donde “estamos acometiendo la mayor inversión en conservación de su historia”. “Nuestro objetivo es convertirla en el gran corredor verde de Andalucía y para ello estamos mejorando ya 78 kilómetros de la vía con asfaltos sostenibles Masai y colocando pantallas acústicas”, ha dicho. En Sevilla, ya se actuó en el tramo de acceso a la capital desde Alcalá de Guadaíra y desde hace unos días se está actuando en 21 kilómetros entre Arahal y Paradas.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz.

También ha hecho mención a otras actuaciones de calado en las carreteras sevillanas como las obras del Acceso Norte a Sevilla, donde el viaducto de Pago de Enmedio estará terminado este verano; o la nueva iluminación del puente del Alamillo, donde ya se han empezado los trabajos previos al inicio de obra.

Facilidades para la vivienda protegida

Durante su intervención, Rocío Díaz ha reivindicado el cambio de Andalucía desde la llegada del Gobierno de Juanma Moreno, gracias a “una agenda reformista basada en el diálogo, el pragmatismo y la necesidad de afrontar, y resolver, los desafíos juntos”. “Trabajamos –ha afirmado– en generar unas condiciones económicas que impulsen la actividad de nuestras empresas y, con ello, la creación de empleo”.

Al respecto, ha puesto en valor el Plan Andalucía Simplifica, el cuarto decreto de simplificación con el que la Junta quiere seguir avanzando en “esa administración que no pone trabas y facilita el desarrollo y ejecución de proyectos”. Entre estas medidas, están las dirigidas a “la reactivación del mercado y que los ciudadanos tengan así más opciones de acceder a una vivienda protegida”. Eso supondrá, según las estimaciones del sector, la construcción de miles de viviendas protegidas.

Rocío Díaz ha explicado que, desde 2019, se han activado acciones para el impulso a la construcción de viviendas a precio asequible, que ha dado como resultado que se hayan certificado más de 10.000 viviendas protegidas en Andalucía en los últimos cinco años, el triple que en etapas anteriores. Con la puesta en marcha de este plan, se activan nuevas medidas consensuadas con el sector para “eliminar obstáculos que estaban dificultando la construcción de vivienda protegida”.

Entre otros cambios el decreto de simplificación recoge la ampliación de los posibles destinarios de viviendas protegidas, la modificación del cálculo de los ingresos que permiten el acceso a estas, la modificación del visado del contrato por una declaración responsable del promotor para eliminar cargas administrativas o una nueva forma de cálculo de la renta máxima de alquiler de las viviendas protegidas, estableciendo como precio máximo de referencia el 4,5%.

Asimismo, Rocío Díaz ha señalado que, en materia de urbanismo y sobre la base de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA), también se agilizará la tramitación de licencias de obras dando mayor alcance a los informes emitidos por entidades urbanísticas certificadas y colegios profesionales. Igualmente, se dará la posibilidad de fasear las obras de urbanización que estaban ejecutándose antes de la entrada en vigor de la LISTA, lo que facilitará el reinicio de las obras que se vieron paralizadas con motivo de la crisis de 2008.