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Metro se libra de una sanción grave por obstruir la inspección de la Junta

  • Su actuación en mayo de 2010 con la avería de dos trenes estuvo a punto de costarle 6.000 euros

La concesionaria Metro de Sevilla se enfrentó en abril de 2011 a una propuesta de sanción de 5.986,20 euros por "falta grave" consistente en "obstruir la labor inspectora de la Administración en la explotación del servicio" para esclarecer la avería de dos trenes. Esta propuesta de resolución aprobada por la Agencia de Obra Pública de la Junta el 28 de abril ha quedado finalmente sin ejecutar y, según confirmó la propia Agencia, se ha cerrado el procedimiento ante la promesa de la empresa de no volver a incurrir en aportar informacion "tardía, confusa y contradictoria" a la Administración.

Los incumplimientos graves de la concesionaria del Metro se penalizan con multa de 5.001 a 20.000 euros, según el pliego, pero en este caso se fijó la "penalidad mínima" por dos motivos: "teniendo en cuenta que ha sido la primera vez y que no ha existido riesgo para la seguridad de los ciudadanos", reza la propuesta de sanción.

Según el expediente interno al que ha tenido acceso este periódico, los hechos tuvieron lugar a raíz de la retirada a las cocheras de dos trenes de la línea que prestaban servicio el día 7 de mayo de 2010. En el parte que la empresa envió tres días después a la administración no especificaba las causas de la retirada de estos trenes y sólo citaba que era por "revisión de mantenimiento".

Fue un mes después, el 6 de junio, cuando la inspección rutinaria por parte de técnicos de la Agencia de la Junta detectó que tales trenes se habían retirado por averías y se habían efectuado operaciones de mantenimiento correctivo (incluida la sustitución de piezas) sin comunicarlo a la Administración, en contra de lo que marca el pliego de condiciones del contrato.

La avería consistía en fisuras en el soporte de la biela de tracción del bogie motor de los trenes 105 y 108, a los que se habían efectuado refuerzos de soldadura y utilizado líquidos penetrantes. Luego se supo que había incidencias con ocho trenes: cuatro habían tenido problemas con los cojinetes de los motores, dos tenían fisuras en los soportes de las bielas de tracción y dos más fueron intervenidos de forma preventiva en los soportes de bielas "sin que previamente Metro de Sevilla lo haya comunicado".

La Administración acusó a la concesionaria de obstaculizar el acceso a los datos y circunstancias del material móvil que afectan a la explotación del servicio desde el 20 de mayo hasta el 9 de junio de 2010. Según consta en la propuesta de sanción firmada por la asesoría jurídica de la Agencia de Obra Pública con fecha 27 de abril de 2010, la empresa concesionaria "no colabora adecuadamente con la administración, no permitiendo conocer datos y circunstancias relevantes del material móvil y que afectan a la explotación, y ello a pesar de los requerimiento de la adminstración".

Esta conclusión se sustenta en cuatro informes técnicos previos: el de la representante de la Junta para la inspección general del servicio, el de Metro de Sevilla, el emitido por CAF (fabricante de los trenes) y el emitido por el director de explotación y servicios de la Agencia.

La Junta aclaró esta semana a este periódico que tomó la decisión de archivar el procedimiento en 2011 tras "un informe muy completo" de la concesionaria en el que asume que no volverá a poner obstáculos a la tutela, vigilancia y supervisión que le corresponde a la administración. Y agrega que desde entonces no se han vuelto a dar más incidentes de este tipo con la empresa.

La concesionaria del Metro ha sido sancionada una sola vez por falta grave con la multa más alta de 20.000 euros. Fue en la fase de la construcción de la línea por la caída de una viga de 100 toneladas sobre la autovía SE-30 en agosto del año 2006. Sin duda, el suceso más grave que produjo por no analizar todos los riesgos a la hora de colocar la viga sobre el viaducto en construcción.

Ya en la actual fase de explotación, la obstrucción de la labor inspectora de la Administración a cuenta de la avería de trenes ha estado a punto de costarle otra multa, esta vez cercana a los 6.000 euros.

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