En la mitología griega, Dolos representa el engaño y el fraude. No había nombre más apropiado para una operación policial contra una banda de estafadores que llevaron casi a la perfección el viejo timo del nazareno. Con este método, creando una serie de sociedades pantalla y utilizando a personas insolventes como testaferros, llegaron a estafar casi cinco millones de euros a bancos y concesionarios de coches de alta gama. En total, 48 personas detenidas, 52 inmuebles intervenidos y más de 80 vehículos decomisados es el balance final de la operación.

La Policía Nacional ha empleado cuatro años en este trabajo, que se ha desarrollado principalmente entre Sevilla y Murcia, y que también ha salido adelante gracias al impulso que la ha dado la titular del juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, Ana Escribano. Una primera investigación se llevó a cabo en la comisaría del distrito Triana-Los Remedios en el año 2013. El tesón y la experiencia de un agente que estaba entonces en el grupo de Policía Judicial de este distrito, y luego pasó a formar parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial, fueron claves para conectar ambas tramas y que el caso fuera a buen puerto.

Es, en palabras del responsable del Grupo de Blanqueo de Capitales, el inspector David Herrador, el entramado más complejo al que la Policía de Sevilla ha hecho frente en los últimos diez años. Y lo dice un agente que está al frente de uno de los grupos más especializados de la Jefatura, que ha investigado casos de la entidad de Bahía Competitiva, Invercaria, los fondos Jeremi o el Dioni de Almensilla, además de dirigir varias operaciones contra los entramados financieros del narcotráfico. Los sospechosos del caso Dolos habían construido un muro de seguridad a través de sociedades pantalla, que dificultó enormemente el trabajo de investigación policial y provocó que se dilatara durante cuatro años.

Uno de los registros de la operación Dolos.

Todo surgió en abril de 2013, cuando el responsable de una sucursal bancaria de la avenida de República Argentina presentó en la comisaría de Triana una denuncia por fraude. El banco había recibido una petición de préstamo por parte de un supuesto empresario del sector cárnico que había creado una cuenta en la entidad unos meses antes. La cuenta había ido teniendo movimiento, con ingresos y extracciones de dinero, hasta que el empresario había solicitado un préstamo por una cantidad importante. Alegaba que tenía que abastecer una feria y que le había surgido una oportunidad de comprar una gran cantidad de carne a buen precio. Necesitaba dinero porque, cuanta más carne comprara, más alto sería el descuento.

Hasta ahí todo bien. Lo que escamó al director del banco que denunciaba los hechos fue que otras sucursales cercanas habían recibido la misma petición, y por parte de la misma persona. El peticionario, el supuesto empresario cárnico, era Rosalino D. J., que iba siempre acompañado por un gestor llamado Francisco, que era quien llevaba siempre la negociación con los bancos. Lo que no sabían ni Francisco ni Rosalino era que los directores de las sucursales bancarias de República Argentina suelen coincidir a media mañana, durante la pausa para el café, en uno de los bares de la avenida. En una charla de bar, uno de ellos habló del caso, y resultó que todos los demás habían recibido la misma solicitud de crédito con la misma excusa.

Nacía así la que luego sería la operación Dolos. En ese primer momento, el policía que investigó el caso decidió llamarla operación Pinocho. Cuando investigó sobre la vida de Rosalino, supo que éste, ya jubilado, se había dedicado durante su vida profesional a la carpintería. Y qué mejor nombre podría utilizar para un carpintero que estaba mintiendo. Aquel policía de la comisaría de Triana descubrió pronto que Rosalino sólo era un testaferro, un hombre de paja utilizado por otra persona para pedir los créditos sabiendo que luego no le podrían embargar los bienes. La pensión de jubilación que le había quedado no superaba los 600 euros. Era, a efectos judiciales, insolvente.

El jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales, David Herrador, señala un monitor con imágenes de la operación.

El artífice de la estafa era el gestor, Francisco. El agente averiguó que, unos meses antes, ambos se habían recorrido todas las sucursales bancarias de las avenidas de República Argentina y Virgen de Luján. En todas ellas habían abierto cuentas en las que habían ingresado una cantidad de 1.000 euros. Esas cuentas habían tenido movimientos posteriores, con ingresos de cheques a través de terceras personas que ejercían de colaboradores. Así daban apariencia de realidad a las empresas y se ganaban la confianza de los bancos.

Cuatro o cinco meses después, habían ido de nuevo a todas las sucursales con el cuento de que el empresario cárnico necesitaba mucho dinero en efectivo para comprar una gran cantidad de carne. Pidieron créditos de entre 50.000 y 300.000 euros. De esta forma obtuvieron préstamos por valor de 270.000 euros, que nunca devolvieron.

En realidad, lo que había descubierto el policía de Triana era una de las cuatro campañas de estafas organizadas por una banda criminal asentada en Murcia, que eligió Sevilla como objetivo. La organización había comenzado a operar en 2010. Entre septiembre de ese año y abril de 2011 estafaron a catorce entidades financieras de la misma forma, y obtuvieron unos beneficios cercanos al millón y medio de euros. Entre octubre de 2011 y julio de 2012 se desplazaron a Sevilla para su segunda campaña, en la que lograron conseguir 650.000 euros a base de préstamos que luego no devolvían. La tercera oleada fue la de Rosalino, la que se denunció en Triana. La cuarta se produjo meses después en Murcia, y sirvió para obtener de manera ilícita 305.000 euros más.

Fotografías con los documentos relacionados con el caso.

Aquella primera investigación de la comisaría de Triana terminó con ocho personas identificadas y la detención del testaferro, Rosalino. El agente facilitó la información obtenida a sus compañeros de la Policía Judicial de Murcia, que en octubre de 2013 detuvieron a otras siete personas, entre gestores y testaferros. El policía que destapó el caso pasó dos años después, en julio de 2015, a formar parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, y allí volvería a toparse con el mismo entramado. Este grupo ya tenía un marcha una investigación sobre el dinero estafado por la organización, que ascendía ya a los tres millones de euros, y también consiguió identificar a todos los integrantes de la misma. En total había 25 personas, entre cabecillas, gestores y testaferros.

Los líderes de la banda eran dos empresarios de un pueblo de Murcia, uno del sector inmobiliario y otro de la carne. Ambos eran los receptores últimos del dinero en efectivo. Parte de esa cantidad se empleaba en pagar deudas y se introducía en el circuito legal y otra parte se utilizaba para poner en marcha nuevas campañas de la estafa. Esta variante del timo del nazareno requiere de una fuerte inversión para arrancar, ya que se abrían decenas de cuentas con 1.000 euros cada una y se compraban inmuebles con los que se avalaban los créditos. Además, había que pagarles una pequeña cantidad a los colaboradores.

Esta estafa es, además, hija de la crisis. De hecho, uno de sus artífices se había arruinado durante la burbuja inmobiliaria al quedársele colgada una promoción de viviendas. Lo mismo le ocurrió a otro empresario del sector de los transportes de mercancías por carretera, que descapitalizó sus empresas con la ayuda de su mujer y su hermano con la intención de provocar su insolvencia para eludir el pago de sus deudas y el embargo de sus bienes. Este empresario tenía al mismo asesor que los dos cabecillas de la banda, por lo que la Policía pudo conectarlo con la otra trama. En esta fase de la investigación se vieron implicadas otras 29 personas, que generaron un perjuicio económico a los bancos y a la Tesorería General de la Seguridad de tres millones de euros.

Un agente trabaja en la sede del Grupo de Blanqueo de Capitales de Sevilla

Este empresario había creado un complejo entramado societario interconectado mediante participaciones cruzadas, con un elevado número de empresas interpuestas, sociedades patrimoniales y testaferros. Con este entramado blanqueó el dinero procedente de la estafa. La complejidad del caso obligó a la Policía a realizar una intensa labor de obtención y análisis de datos aportados por un gran número de fuentes, tanto entidades públicas como privadas y bases de datos policiales, así como un análisis exhaustivo de un volumen muy elevado de documentos. Se revisaron, por ejemplo, más de 80 sociedades, 118 escrituras notariales, 50 cuentas bancarias y 22 informes elaborados por la Agencia Tributaria.

Todo este trabajo dio sus frutos con el arresto de 48 personas en varias provincias españolas, como Sevilla, Murcia, Madrid, La Rioja, Barcelona y Canarias. La Policía tomó declaración a 32 personas en 48 horas. En la operación, además del Grupo de Blanqueo de Capitales de Sevilla, participaron la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal y la Policía Judicial de Murcia. Los detenidos en Sevilla fueron cuatro:el testaferro, Rosalino J. D., un empresario y una familia de Tocina dedicada a la promoción inmobiliaria que había vendido inmuebles a la trama. Uno de los miembros de esta familia no fue arrestado porque falleció poco antes de que la Policía culminara la operación. El resto de los detenidos tendrá que hacer frente a la acción de la Justicia.