El portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha acusado este martes al PP de intentar "ensuciar la vida política" en relación a la polémica por la inclusión de un miembro del PSOE de Baeza (Jaén) en las prejubilaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla. Aunque, la propia empresa ha certificado que esta persona, Antonio Garrido Santoyo en concreto, no figura en sus registros como trabajador. 

El nombre de Garrido Santoyo, en concreto, está recogido en dos documentos asociados a las pólizas contratadas por Mercasevilla y formalizadas por la división de Seguros Colectivos del Banco Vitalicio, pero no figura en la relación elaborada por la empresa en cuanto a los trabajadores acogidos al procedimiento.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Jiménez ha asegurado que esta información "no merece más comentario" y que es fruto de una "composición que hace el PP de una realidad distinta y que forma parte de una campaña para intentar ensuciar la vida política".

Asimismo, el portavoz socialista ha considerado que los 'populares' también intentan "desviar la atención de una realidad que es conocida por el conjunto de los españoles y que tiene que ver con algunos casos como 'Brugal' o 'Gürtel', que definen cuál es la realidad del PP en España con respecto a la corrupción".

Por su parte, el portavoz popular, Juan Ignacio Zoido, cree que el caso de Garrido Santoyo prueba la "situación generalizada de irregularidades" de Mercasevilla

Zoido, ha considerado este martes "gravísima" e "indignante" la inclusión de un miembro del PSOE de Baeza (Jaén) en las prejubilaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007.

En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Ignacio Zoido ha lamentado este caso "indignante" y "sin parangón", sobre todo porque el colectivo de aproximadamente 40 prejubilados del ERE no consigue que sus prestaciones sean reconocidas al haberse desligado la Consejería de Empleo de la financiación del procedimiento, cuyo coste supera los nueve millones de euros como principal losa económica de la empresa.

Según ha revelado el PP, dos documentos relacionados con el expediente de regulación de empleo incluyen como aspirante a la prejubilación a Antonio Garrido Santoyo.

Pero un documento firmado el pasado lunes por la responsable del área de Personal y Recursos Humanos de la sociedad mixta, Carmen M. Prior, certifica no obstante que Garrido Santoyo no figura en los registros de la empresa con la "condición de trabajador".

Zoido ha lamentado el "silencio" del Gobierno municipal y de la Administración autonómica, sobre todo porque un documento atribuye a Garrido Santoyo, entre 1 de noviembre de 2007 y el 30 de abril de 2009,  un "importe mensual en concepto de complemento salarial" de 5.876,22 euros.

"Nadie ha dado una explicación satisfactoria", ha advertido el dirigente popular, para quien este caso prueba que el intento de cobro de comisiones ilegales investigado en la compañía no fue "un hecho aislado".

A juicio de Zoido, el caso de Garrido Santoyo demuestra que la sociedad mixta, investigada por el Juzgado de Instrucción número seis, ha sufrido una "situación generalizada de irregularidades", con un miembro del PSOE de Jaén pudiendo cobrar "más de 5.000 euros" mensuales con cargo a la compañía pese a no haber figurado jamás en la plantilla.