El PSOE e IU insisten en que se 'fabricó' un informe para desprestigiar el Plan Centro

La comisión de investigación del Plan de tráfico del centro -aprobado por el gobierno anterior y derogado por el actual- se cerrará definitivamente en el Pleno de finales de marzo tras 16 meses sin una conclusión consensuada entre el gobierno municipal y los grupos de la oposición. Ante la imposibilidad de acuerdo, el PP, el PSOE e IU pactaron ayer que cada grupo someta a votación su conclusión ante el Pleno, lo que permitirá que se apruebe la del PP al tener la mayoría absoluta.

La conclusión del equipo de Juan Ignacio Zoido es radicalmente distinta a la de la oposición. El portavoz del gobierno municipal, Francisco Pérez, se ratificó en que el Plan Centro fue un "fraude" por la gestión de las multas: nunca se sancionó a los vehículos que estaban más de 45 minutos, como decía el plan, sino a los que sobrepasaban los 75 minutos y estaban por debajo de los 200 minutos. En segundo lugar, el gobierno anterior no comunicó a los ciudadanos que desde marzo de 2011 había dejado de multar a los infractores por falta de personal para gestionar las sanciones. Pérez añadió que se obligó a los ciudadanos a acreditarse para formar parte de unas listas que "nunca estuvieron actualizadas dada la falta de personal para afrontar esas tareas".

En esos tres detalles ha quedado la larga lista de supuestas irregularidades que se airearon a la prensa para justificar la derogación de un plan que figuraba en el programa electoral. El PP señala a su director de Movilidad, Enrique Medina, como la persona que vio "indicios de irregularidades" en el funcionamiento real del Plan Centro y obvia que fue Alcaldía quien decidió filtrar a la prensa ese informe con supuestas irregularidades, como así lo reconoció el delegado de Movilidad, Demetrio Cabello, en noviembre de 2011 en la comisión. El PP también incluye una mención al "buen hacer" de los funcionarios de Movilidad del Ayuntamiento, a los que se difamó también dentro de las acusaciones de fraude. Un extremo que ayer rechazó Pérez.

Para la oposición, el Plan Centro cumplió la legalidad y logró su cometido de reducir los vehículos y la contaminación, y opina que la ausencia de multas desde marzo de 2011 por falta de personal no puede llevar a cuestionar todo el sistema. El PSOE e IU acusan al gobierno municipal y al director de Movilidad de fabricar un informe "ajustado a la finalidad de eliminar el Plan Centro" y de filtrarlo a la prensa para desprestigiar el Plan y justificar su derogación más allá de las promesas electorales. Acusan además a los portavoces Francisco Pérez y Juan Bueno (del PP) de "intervenir de forma activa en dar publicidad a las falsedades".

La oposición coincide en pedir la reprobación de Juan Ignacio Zoido y el cese del director de Movilidad Enrique Medina, y que reconozcan "el error de difundir información no contrastada con finalidades de caracter político sin tener en cuenta los daños". La reprobación del alcalde, por ser "Alcaldía quien tomó la decisión de hacer público un informe plagado de falsedades sin esperar al resultado del resto de informes solicitados que demostraban la falta del rigor del primero"; el cese de Medina, "por firmar un supuesto informe técnico sin el más mínimo rigor con la única finalidad de servir de soporte a un montaje para engañar a la ciudadanía". IU pide además la dimisión del portavoz Pérez.

Los socialistas exigen la reprobación de los portavoces Pérez y Bueno por "acusar de graves y falsas irregularidades a los responsables técnicos y políticos a cargo del Plan Centro". Según Juan Espadas, la reprobación de Pérez es doble por "retrasar de forma intencionada la conclusión de la comisión de investigación" y añadió que "Pérez ha quedado desautorizado para presidir una comisión y para tener cualquier responsabilidad". El PSOE quiere que se restaure en el Pleno el buen nombre de los trabajadores de Movilidad y de la empresa adjudicataria SICE acusados de irregularidades, y que se abra expediente disciplinario al jefe de sección del Centro de Control de Tráfico "por verter falsedades contra sus compañeros y por acceder a datos a los que no tenía autorización y difundirlos".