La decisión del alcalde de concentrar en sus proyectos estrella la práctica totalidad de los recursos financieros del Plan General tendrá una consecuencia inmediata: las grandes operaciones de suelo incluidas en este documento urbanístico, aprobadas en una primera fase y avaladas por la Junta de Andalucía, no podrán hacerse. Al menos, a medio plazo. ¿La causa? Sin dinero suficiente para construir las infraestructuras y las dotaciones urbanas necesarias,  los promotores no recibirán licencias de obras. Sevilla, durante buena parte del siglo XX, cuando la ciudad salió de su recinto amurallado, creció de forma desordenada, sin las necesarias dotaciones. Algunos barrios, en especial los más humildes, están todavía hoy pagando esta factura.

La legislación actual, afortunadamente, no permite ya -en teoría- que esta situación se vuelva a producir. La consecuencia directa, por tanto, no será un desequilibrio territorial -como ocurrió durante el franquismo-, sino una suerte de parón permanente para el sector de la construcción. Y, de forma directa, en el empleo, ya que la actividad inmobiliaria -con sus múltiples variantes- es una de las escasas herramientas de las que disponía la ciudad para salir de la actual crisis.

Junto al elemento del empleo, la segunda consecuencia de la falta de fondos para los sistemas generales afectará al bolsillo de las empresas y operadores de suelo que en su momento aportaron dinero -en virtud de la llamada tasa Fustegueras- para costear las infraestructuras de los nuevos barrios. Dado que esos fondos se han gastado en otras cuestiones, según el Ayuntamiento de forma legal, aunque hasta ahora la Gerencia no ha enseñado informe jurídico alguno, estos terrenos no podrán ponerse en carga hasta que no haya garantía (presupuestaria) por parte de las administraciones públicas de que asumirán su construcción. La crisis y los recortes presupuestarios inducen al pesimismo: sin el dinero del PGOU, recaudado en tiempos de bonanza, los proyectos se demorarán hasta una década.

¿Quién se salvará? En principio, sólo los proyectos situados junto a las infraestructuras que, aunque de forma parcial, sí se van a construir, aunque con notables desajustes financieros: el desarrollo de Palmas Altas Sur, promovido por Metrovacesa; el proyecto de la Hacienda el Rosario -situada junto a Torreblanca y propiedad de la empresa Gabriel Rojas- y la operación urbanística que comparten en la Hacienda del Buen Aire, en el Noreste de Sevilla, entre otras, empresas de la familia Benjumea, Urbanizadora del Aljarafe, Iniciativas Concertadas y Huerta Nuestra Señora de los Reyes. Sólo 1.704 viviendas protegidas y 125 pisos de renta libre.