La presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Carmen Castreño, admitió este martes en rueda de prensa a preguntas de este periódico que el varapalo del Tribunal Supremo al dragado se ha debido a que "las cosas no se han hecho bien". Y guardó silencio cuando se le recordó la denuncia de los ecologistas respecto a que se trató de meter el proyecto del dragado en el Plan Hidrológico del Guadalquivir por la puerta de atrás, sin elementos esenciales del proyecto y fuera del periodo de alegaciones públicas, es decir, sin dar opción de que los ciudadanos opinaran. 

"Lo admito. Las cosas no se han hecho bien, no se hizo correctamente y lo vamos a hacer mejor. Otra cosa es que el dragado esté nulo", respondió Castreño, insistiendo en que el Alto Tribunal no anula el dragado, sino su tramitación en el Plan Hidrológico. Pese a estos fallos, Castreño lleva días hablando de "defecto de forma". 

El Puerto y el máximo organismo de la cuenca, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), querían dar sustento legal al dragado de profundización del río incluyéndolo en el Plan Hidrológico. Hasta ahí bien. El problema es que se hizo sin justificar ni explicar cómo piensa preservar Doñana, sin incluir el proyecto clave de protección de las márgenes desde Sevilla a Sanlúcar y tramitado como una medida complementaria más del plan. De ahí la sentencia negativa del Supremo, lo que vuelve a retrasar la ejecución de la obra. 

El compromiso del Puerto de Sevilla de hacerlo bien supone que explicará y argumentará bien el proyecto del dragado en el nuevo Plan Hidrológico que ahora está en revisión, lo que implica esperar hasta enero de 2016, la fecha en que entrará en vigor el nuevo plan. Así lo adelantaron la semana pasada los empresarios de Sevilla (CES) y lo corroboró el organismo de la cuenca (CHG). 

Hacer bien las cosas también significa que esta vez los ciudadanos y entidades podrán presentar alegaciones al proyecto del dragado dentro del nuevo Plan Hidrológico. Los errores de tramitación no son nuevos: el proyecto de defensa de márgenes clave para el dragado tampoco se hizo bien la primera vez, por lo que fue rechazado por la Junta y el Puerto ha tenido que repetirlo con la guía de expertos de la Junta. 

La patronal de empresarios sevillana, los sindicatos (CCOO y UGT) y el Puerto que integran la plataforma Sevilla por su Puerto anunciaron este martes que el dragado sigue vivo porque sigue vigente la Declaración de Impacto Ambiental de 2003 que condicionó la obra al cumplimiento de 11 requisitos, de los cuales todos están cumplidos menos el proyecto de protección de las márgenes. 

La plataforma arremetió este martes "contra los enemigos" del dragado. Para los líderes provinciales de UGT y CCOO, Juan Bautista Ginés y Alfonso Vidán, los enemigos son las administraciones, los políticos y los científicos. Y para el presidente de los empresarios, Miguel Rus, y para la presidenta, Carmen Castreño, entre los principales enemigos citan a los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que realizaron el estudio científico que desaconseja el dragado hasta tanto se recupere el estuario del Guadalquivir. 

Acusar a los científicos cuando los resultados no son los esperados no es nuevo. El estudio del estuario del Guadalquivir fue pagado por la Junta de Andalucía con un coste de 3 millones de euros, participaron de más de 100 científicos del CSIC y de universidades andaluzas, y sus conclusiones tras más de 80 millones de datos ambientales obtenidos han sido publicados en revistas y libros científicos internacionales. Rus y Castreño incluso insinuaron que uno de sus coordinadores, el catedrático Miguel Ángel Losada, "tendría intereses económicos en contra del dragado", informa Efe. 

Rus acusa además a la Junta de Andalucía de retrasar la aprobación del proyecto de defensa de márgenes de Doñana que se entregó en noviembre. Para la presidenta del Puerto, "este proyecto ha tenido notables enemigos y no son precisamente las administraciones. Son otros. Hay otros enemigos en los periódicos", dijo en referencia a Losada. 

Respecto a qué pasa con los 32 millones de euros de fondos europeos concedidos para la obra, Castreño es optimista y espera usar el dinero en otras obras pendientes del Puerto sevillano que no citó. "Si el dragado no puede realizarse con los fondos europeos, vamos a intentar aprovechar esos fondos para otras obras necesarias del Puerto de Sevilla", dijo, aunque aclaró que eso debe decidirlo el Gobierno central. 

Castreño acusó a Puertos del Estado, el organismo del que depende, de estar presionando para llevarse los fondos del dragado del río a otro lado: a otros puertos andaluces, precisó luego.