El fantasma de perder los fondos europeos para hacer el dragado de profundización del río Guadalquivir que permita el tránsito de buques de mayor calado se encuentra a la vuelta de la esquina. La fecha es el 31 de diciembre de 2015. Para aprovechar los 33 millones de euros, la obra tiene que estarhecha, certificada y pagada antes de ese día. Pintan bastos, aunque no lo ve así la presidenta del Puerto de Sevilla, Carmen Castreño, quien ayer se sacó un as de la manga al anunciar que el Estado puede solicitar a la Unión Europea una moratoria de un año. 

Durante su intervención en un encuentro en el Club Antares, la presidenta de la Autoridad Portuaria aseguró que en casos excepcionales se puede conceder una prórroga a este plazo límite de gasto si lo pide el Gobierno central a Bruselas y lo justifica por causa de fuerza mayor, algo que espera que no tenga que suceder. Su receta más cercana para que el proyecto logre la luz verde pasa por "volver a explicar" a todos los agentes sociales, políticos y económicos el dragado que la institución que preside planea para el tramo navegable del río ante "el movimiento mediático que ha dado lugar a una confusión extraordinaria". 

Con más de una década de recorrido, el proyecto cuenta con el respaldo de la patronal y sindicatos, y se encuentra con una firme oposición de las organizaciones ecologistas y sobre todo del sector agrícola de la comarca del Bajo Guadalquivir ante el temor de que un incremento de la salinidad del río acabe afectando a los cultivos de toda esta zona. El coste de la obra es de 40 millones, a los que hay que sumar los 20 millones del proyecto de recuperación de las márgenes del río. 

La Autoridad Portuaria promueve un nuevo proyecto técnico al objeto de licitarlo si finalmente obtiene los parabienes de las administraciones, si bien el Consejo de Participación de Doñana y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se han pronunciado contra el aspecto de este proyecto relativo a la protección de las márgenes del río Guadalquivir, extremo que motiva una reconfiguración de este documento. Castreño afirmó que "se ha puesto a disposición de la consejera" de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, para ajustar en lo posible el proyecto de protección de márgenes, y aseguró que el estuario está mal por causas que nada tienen que ver con la navegacion o el Puerto.

En la nueva ronda de contactos, la presidenta del Puerto se ha reunido ya con algunos alcaldes de los municipios que se muestran en contra del proyecto, logrando unos avances "muy satisfactorios para el dragado" que "sólo" prevé ampliar en 1,5 metros la profundidad y unos 80 metros de ancho, "una quinta parte del ancho del río".

Catreño aprovechó para reclamar por enésima vez al Ministerio de Fomento "una conexión ferroviaria directa" para el Puerto, al objeto de que los trenes de mercancías que llegan o parten de él no estén subordinados al tráfico de trenes de pasajeros. La obra implica una inversión de diez millones de euros. 

Ante el empresariado presente, explicó el proyecto promovido por el Ayuntamiento de Sevilla y la institución que preside para crear una zona franca. La iniciativa, destinada al almacenaje, transformación y distribución de mercancías en 72 hectáreas del dominio público portuario del área de Torrecuéllar, contemplaría ventajas aduaneras y fiscales en lo que será la quinta zona franca de España, pues ya existen espacios similares en Barcelona, Cádiz, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria. Aunque el Consistorio esperaba constituir en abril el consorcio gestor del recinto, aún sigue pendiente, si bien la Agencia Tributaria ha aprobado ya el proyecto de cerramiento del recinto cuyo presupuesto asciende a 3.290.000 euros. 

Con la presencia del concejal de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano, el primer teniente de alcalde, Javier Landa, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, Castreño desarolló que la futura zona franca ocupará un 9% de la zona portuaria, afectando a terrenos "en los que ya hay empresas instaladas", por lo que la delimitación de este espacio habría de serreducida en el caso de que dichas compañías no aceptasen participar de la zona franca. También aseguró que en el Puerto funcionan ya 20 "depósitos aduaneros que hacen la función de zona franca", si bien a las empresas que hacen uso de los mismos "se les exige una fianza que no sería necesaria". No obstante, la zona franca implica "otros gastos" para las empresas adheridas a ella: "Hay empresas que no requieren necesariamente la zona franca". 

Por último defendió el proyecto privado para construir un gigantesco auditorio de música y eventos deportivos, centro comercial y de ocio y estación marítima de cruceros, denominado Sevilla Park Ocio, e indicó que desconoce si la modificación urbanística se aprobará en algunos de los plenos municipales de junio. La iniciativa necesita una modificación del Plan Especial del Puerto de Sevilla que ya estudia la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. El cambio consiste en autorizar el triple de suelo para uso terciario, comercial y de ocio-cultural en esta zona portuaria pasando desde los 15.000 metros cuadrados actuales previstos en el citado plan hasta los 80.000.