El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero, admitió este martes a preguntas de la prensa que el Puerto de Sevilla "va muy mal de tiempo" para hacer el dragado de profundización con los fondos europeos que debía gastar antes del 31 de diciembre de 2015. El hecho es que la Comisión Europea aceptó pagar el 80% de la obra, valorada en conjunto en 31 millones de euros, pero siempre que el Puerto use esos fondos en tal plazo límite, como adelantó este periódico en mayo de 2013 tras una consulta específica al Gobierno europeo sobre este tema. 

Y la realidad es que, como la Confederación vino a decir este martes, es prácticamente imposible que el Puerto llegue a tiempo a ese plazo por la complejidad de las dos obras que hay que acabar, por exigencia ministerial, antes de iniciar el dragado. Esas dos obras previas son las canalizaciones y tuberías para llevar el agua dulce a los cultivos del arroz del Bajo Guadalquivir y la protección de las márgenes de Doñana. Son los dos requisitos básicos de la Declaración de Impacto Ambiental del dragado. 

El máximo responsable del organismo estatal que gestiona la cuenca explicó que sólo las canalizaciones para el arroz tardarán en construirse "de dos a tres años y algunos más", como mínimo, una vez que se consigan los 180 millones de euros que cuesta esta obra y cuando se hayan superado los trámites ambientales y las expropiaciones de terreno contempladas en el proyecto redactado por la Confederación. La obra la sufragarán el organismo estatal y la federación de arroceros. De momento ya se ha sometido a la fase de tramitación ambiental y en breve se espera que Europa comunique si concede fondos para esta obra de su paquete 2014-2020. Que se tarden tres o más años dependerá del dinero que se consiga, aclaró el presidente Romero. 

Respecto a la protección de las márgenes de Doñana, el proyecto ha sido redactado por el Puerto y está en manos del Gobierno andaluz, que debe dar su visto bueno. Tampoco hay fecha para iniciar la obra, pero sí se sabe que cuesta 6,7 millones de euros. El Puerto incluyó este proyecto en su petición de ayuda a Europa y por esa razón la cantidad final del proyecto del dragado se eleva a 37,7 millones de euros. 

El presidente de la Confederación recalcó que "el Puerto tiene que cumplir la declaración de impacto ambiental como promotor de la obra del dragado y mi opinión es que va muy mal de tiempo". La tubería para los arroceros depende de la Confederación y la de las márgenes de Doñana la debe aprobar la Junta de Andalucía y ser ejecutada por el Puerto. 

Si el Puerto no puede gastar los millones europeos del dragado, la cuestión es saber si tendrá que renunciar a esos fondos europeos o puede utilizar al menos el 80% de los 6,7 millones que cuesta la protección de las márgenes de Doñana. 

El máximo responsable de la Confederación no supo precisar si el Puerto podría usar para el dragado los fondos europeos 2014-2020 cuyo reparto se conocerá en breve. Todo dependerá de si se ajusta a los requisitos que marca el reglamento, declaró Manuel Romero. 

La Comisión Europea aclaró a este periódico en mayo de 2013 que en algunos casos excepcionales se podría conceder una prórroga a este plazo límite de gasto de diciembre de 2015 "si lo pide el Estado miembro y lo justifica por causa de fuerza mayor". No obstante insistió en que la norma, a priori, es que se cumpla a rajatabla ese plazo establecido. 

El presidente del organismo estatal que gestiona la cuenca respondió a la prensa que el Parque Natural de Doñana sólo tendrá afección por el dragado "en lo que respecta a las márgenes". Romero explicó que, a diferencia del daño que hace la sal en los cultivos del arroz, la entrada de agua salada en la marisma es beneficiosa siempre que haya un equilibrio de agua dulce y salada para mantener su biodiversidad y que ese equilibrio está garantizado si se protegen las márgenes de Doñana antes de que entren barcos más grandes. El dragado persigue ampliar la profundidad del canal de navegación a 8 metros (frente a 6,5 metros actuales) y ampliar su anchura a 90 metros (frente a los 60 actuales) para que entren grandes buques.