La juez Mercedes Alaya ha retirado la administración judicial de las entidades Fitonovo y Fiverde, implicadas en la denominada operación Madeja, en la que se investigan delitos de cohecho en la adjudicación de los contratos municipales y que permanece bajo secreto de sumario desde hace un año.

La instructora ha notificado a las partes únicamente la parte dispositiva de un nuevo auto –dado el carácter secreto de las actuaciones- en el que acuerda dejar sin efecto la administración judicial de Fitonovo y Fiverde, una resolución que también se ha notificado al administrador de estas entidades Francisco Estepa. La resolución explica precisamente que dado el carácter secreto de las actuaciones, la notificación a las partes –excluida la Fiscalía- se concreta únicamente en la parte dispositiva.

La semana pasada la operación Madeja cumplió un año bajo secreto de sumario, una vez que la juez Mercedes Alaya decretó una nueva prórroga del secreto, la duodécima de esta investigación que se inició en julio de 2013 por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En mayo pasado, la instructora levantó parcialmente el secreto de las actuaciones en la parte que afectaba al ex asesor del grupo municipal del PSOE y ex director del área de vía Pública Domingo Enrique Castaño y su esposa, la abogada Ana María Vaquero. Ambos incrementaron su patrimonio personal en 811.396,68 euros en sólo siete años, entre 2005 y 2012, según un nuevo informe de la Guardia Civil entregado a la juez Alaya. De esta cantidad, sólo aparecen unos ingresos justificados de 531.209,83 euros, a los que habría que descontar otros 131.028,71 euros de gastos conocidos en el mismo periodo, con lo que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) llegan a la conclusión de que los restantes 400.181,12 euros se corresponden con pagos en efectivo sin justificar que "pudieran proceder de comisiones ilegales".

En el nuevo informe, que tiene fecha del 25 de marzo, los investigadores de la Guardia Civil también llegan a la conclusión de que ese incremento patrimonial injustificado, "hasta el momento y a falta de datos que indiquen lo contrario, parece tener una relación directa con los cargos y puestos desempeñados por Domingo Enrique Castaño tanto en el Ayuntamiento como en Mercasevilla y las contraprestaciones que habría recibido" de las empresas adjudicatarias Fitonovo y Fiverde. La Guardia Civil ha detectado además "determinadas prácticas que parecen ir encaminadas a ocultar el pago de importantes cantidades de efectivo y la comisión de supuestos delitos de cohecho que se han puesto de manifiesto a lo largo de la investigación".

La exhaustiva investigación patrimonial de la Guardia Civil señala que Castaño pudo favorecer a la empresa Sando en la adjudicación del concurso  público para la venta de los suelos de Mercasevilla -por la que Alaya tiene abierta otra causa en la que también está procesado Castaño junto a la cúpula de Urbanismo y el ex concejal Antonio Rodrigo Torrijos (IU)- e incluso "con otros concursos con el Ayuntamiento de Sevilla en la etapa en la que era director de Vía Pública". La UCO recuerda que Castaño trabajó tras salir del Ayuntamiento en la empresa Desarrollos Urbanísticos de Sevilla Este (Duse), vinculada a Sando, y que cuando fue despedido en septiembre de 2009 percibió 25.000 euros de más que podrían tratarse de una "compensación" por su "intermediación" en la adjudicación del derecho de opción de compra de los suelos del Mercado mayorista, todo ello "en virtud de la estrecha relación con la sociedad Sando y a la vista de las cantidades de efectivo y compras realizadas también en efectivo, cuyo origen se desconoce y que bien podrían provenir de pagos de ésta y otras mercantiles". Para la Guardia Civil, cuando Castaño fue contratado por Duse se ocuparía "de negociar con funcionarios y políticos del Ayuntamiento de Sevilla sobre los que mantendría cierta influencia".

En el estudio del patrimonio de Castaño y su esposa, los investigadores advierten que en las cuentas bancarias del matrimonio se observan 233.306,83 euros en ingresos en efectivo que no proceden de cargos anteriores en otras cuentas propias, a los que hay que sumar otros 390.785,83 euros por compras realizas en efectivo. Se trataría, prosigue el informe, de 624.092,66 euros "sin justificar", a los que habría que añadir los pagos de diferentes "comisiones ilegales, materializadas en bienes o servicios y algunas pagadas incluso en efectivo", que han sido financiadas por el empresario Rafael González Palomo, a través de sus sociedades Finotovo y Fiverde.

La Guardia Civil cifra en 63.431,41 euros las comisiones ilícitas constatadas en lo que se refiere a bienes o servicios, y añade otros 30.000 euros que el empresario de Fitonovo le habría entregado en el año 2005 que Castaño le habría pedido "para el PSOE", según declaró en su día Rafael González Palomo. Este pago, según la Guardia Civil, se habría materializado desde la Caja B que utilizaba Fitonovo "con distintos propósitos" y el saldo necesaria se habría obtenido con la "falsificación de dos facturas" de un proveedor llamado Muñiz Santa Construcciones.

Otra supuesta comisión ilegal, consistirían en la realización de unas obras en el año 2006 en el chalé que el matrimonio tiene en la urbanización Hato Verde de Guillena, por importe de 18.386 euros y que fueron abonados directamente por Fitonovo. A estas comisiones se añaden el supuesto regalo de dos vehículos -un Honda CRV y un Audi A-4- y de siete teléfonos móviles de alta gama.

La comparación que los investigadores realizan del patrimonio inicial y final en los siete años investigados del matrimonio -incluida la remuneración de la esposa por su trabajo de abogada- pone de manifiesto que la pareja habría pasado de un patrimonio valorado en el año 2005 en 243.811,53 euros a 1.055.208,21 euros, con lo que el incremento patrimonial sería de 811.396,68 euros, de los cuales 400.181,12 procederían a juicio policial de las comisiones ilegales.

Para los agentes, la capacidad de ahorro del matrimonio es "absolutamente insuficiente para generar el incremento patrimonial, siendo necesario complementar sus ganancias legales con otras fuentes de ingresos". La UCO concluye que ante la "sospechosa intervención" de Castaño en el concurso público de los suelos, los ingresos adicionales "bien podrían corresponder a comisiones ilegales recibidas en contraprestación por ésta u otras gestiones relacionadas con el ejercicio de sus diferentes cargos públicos, tanto en la propia Mercasevilla como en el Ayuntamiento de Sevilla".