LOS damnificados del Tamarguillo necesitaban de caridad urgente para hacer frente a la catástrofe que significaba encontrarse sin hogar, sin muebles, sin ropas, sin nada más que lo puesto o poco más salvado de las aguas en el último momento de huida. Sin embargo, muy por encima de la beneficencia obligada para el Estado, estaba la justicia reparadora que exigían las circunstancias puestas en evidencia por el arroyo Tamarguillo.

Había que dejar bien claro ante las autoridades centrales que no se trataba de una riada más o menos catastrófica en la historia de la ciudad, sino de que había dado la cara la ruina acumulada durante decenios en el caserío ocupado preferentemente por las clases obreras y empleada. Ésta era la realidad dramática y acusadora: el abandono que había sufrido Sevilla. Primero, durante el periodo del reinado de Alfonso XIII, salvo en la breve etapa de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera; después, en los años republicanos; por último, después de la Guerra de España, durante la posguerra.

La excepción fueron los años en que el general Gonzalo Queipo de Llano y Sierra gobernó la ciudad y provincia como máxima autoridad militar [1936-1939]. Entonces sí que se construyeron viviendas sociales para obreros, surgiendo núcleos y barriadas en varias zonas. Pero aquel avance extraordinario, aquel cambio positivo en la política de viviendas para obreros, terminó con el destierro a Roma del general Queipo de Llano.

El ambiente ciudadano de mediado los años 60 ya tenía poco que ver con la Sevilla de la primera mitad del siglo XX. Las plazas de la Magdalena, del Duque y de la Campana habían perdido parte de su fisonomía histórica y estaban en camino de perderlo del todo. El mercado de la Encarnación reflejaba la ruina acumulada durante decenios, como un islote extraño en una zona urbana cambiante desde el ensanche de la calle Imagen. La Alameda de Hércules se había convertido en un erial, lo mismo que el Prado de San Sebastián, ya insuficiente para acoger al gentío que acudía a la Feria de Abril.

En la Alameda, otra vez la prostitución imponía sus leyes ancestrales, pero de manera muy distinta a los años 40 y 50. En realidad, en la zona, la prostitución abandonó los bares y las calles para meterse en casas de tratos diseminadas por los barrios y barriadas.

Desde la prohibición, los servicios costaron más caros y hubo más enfermedades venéreas, por la falta de control sanitario de las mujeres dedicadas al viejo oficio.

Los motocarros y las furgonetas habían ganado la batalla a los carrillos y bateas de manos, los triciclos de pedales y los carros y carrozas tirados por mulos. Con ellos desaparecían formas ancestrales de transportes, sistemas laborales y hasta el vocabulario sectorial. Volquetes, carros, carrozas, carretas, con tiros de mulos, caballos y burros pericones. Con ellos también desaparecían los carpinteros de carros, las guarnicionerías y los herreros.

Reatas de asnos cargados con serones de arena y grava del río, o escombros y tierras de los derribos y obras de construcción, hacía años que ya no cruzaban las calles, guiados por los gritos y varazos del arriero.

Todavía se mantenía, aunque cada vez más relegada a los antiguos barrios y nuevas barriadas, excluida del casco antiguo, la costumbre de ventas ambulantes. Caballos, mulos y, sobre todo, burros seguían siendo utilizados para las ventas a granel de los más variados productos: hortalizas, verduras, frutas, leche, aceites, pan, carbón, cisco, escobas, fregonas, petróleo, búcaros, cántaros, cacharros de cobre... Para cada producto se utilizaba un tipo de serón y angarillas: de jaula, de tijera, de bolsas, sin forrar o forradas de lona blanca. La excepción eran los pregones, antaño característicos de los vendedores ambulantes, con sellos personales, ya casi extinguidos a finales de los años 60.