El Ayuntamiento de Sevilla congelará por cuarto año consecutivo los impuestos y las tasas municipales para 2023, sin aplicar ni siquiera el IPC, “con el objetivo fundamental de dar un respiro a las familias, los autónomos y las empresas en el actual escenario de incertidumbre económica y subida de la inflación por el contexto europeo”. De esta manera, el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (sello del coche), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o la tasa de basuras, entre otros, no se incrementará con respecto al importe abonado este año. “A esta congelación se suma el hecho de que entre 2016 y 2019 se produjo una rebaja y, en consecuencia, 2023 será el octavo ejercicio consecutivo sin que la ciudad tenga subidas tributarias”, ha explicado el alcalde Antonio Muñoz.

Si se tiene en cuenta la evolución de la inflación entre enero de 2016 y enero de 2022, con una subida acumulada del 12,7%, esta no actualización de la fiscalidad municipal en 2023 se traducirá en otra disminución fiscal de facto y, por tanto, en un nuevo esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Así, tan sólo en el último año, ese esfuerzo se tradujo en una minoración de ingresos de 85 millones de euros por la no actualización, un importe que se mantuvo, pues, en las economías familiares y de las empresas.

Las arcas municipales subren una minoración de ingresos de 85 millones de euros

“A pesar de este descenso, el Presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla y, en especial, su gasto social y las inversiones, han ido creciendo en estos últimos años, entre otras cuestiones por la capacidad del gobierno de la ciudad a la hora de captar recursos de otras administraciones públicas y racionalizar el gasto, al tiempo que se ha mejorado la prestación de los servicios públicos municipales”, según ha abundado el alcalde.

Junto con la congelación de impuestos y tasas, se mantendrá en 2023 la totalidad de las bonificaciones y los beneficios fiscales aprobados en años anteriores al servicio de políticas de solidaridad social y la creación de empleo, impulso de la actividad económica, defensa del medio ambiente y fomento del empleo. Así, solo en el ejercicio fiscal de 2022, los beneficios fiscales alcanzarán los 23,5 millones de euros.