El colegio Safes Centro Tecnológico Altair de Sevilla podrá continuar segregando por sexo y mantener el concierto, después de que el Tribunal Supremo haya hecho público un fallo en el que rechaza el recurso de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía sobre la concesión de fondos públicos a este centro que separa a sus alumnos.

La sentencia se suma a las referidas al colegio Albaydar de Sevilla y al colegio Molino Azul de Lora del Río, que, de forma idéntica, rechazan el recurso de la Consejería. En total, la Junta recurrió por doce centros que imparten en Andalucía sus enseñanzas con el modelo pedagógico de educación diferenciada, además de Molino Azul y Albaydar, Altair, Ángela Guerrero, El Cható, Nuestra Señora de Lourdes y Ribamar, en Sevilla; Torrealba, Yucatal y Zalima, en Córdoba; y en Almería, Campomar, y en Granada, El Soto. Concretamente, el Supremo rechaza el recurso de Educación contra un auto dictado en noviembre de 2009 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que suspendió de forma cautelar las órdenes dictadas por la Consejería de Educación que permitían a los centros concertados que aún segregan por sexos a los alumnos continuar con el concierto económico siempre y cuando en este curso 2010-2011 se transformaran en mixtos.

En la sentencia, la Sala de lo Contencioso del Supremo considera que la posible revocación de la decisión del tribunal andaluz "podría conllevar perjuicios irreparables" tanto para el centro como para los alumnos. El TSJA explicó en su sentencia que de denegarse la medida de suspensión cautelar, se provocaría una "situación difícilmente irreversible" porque, entre otras cosas, si se estimase el recurso de los demandantes tras matricular a alumnos y alumnas en este curso 2010-2011, "habrían de salir del centro los alumnos de distinto sexo a los que tradicionalmente han sido admitidos".

El Supremo, que no sólo rechaza el recurso de casación de la Junta de Andalucía sino que la condena en costas al pago de 2.000 euros en concepto de honorarios de abogado, pone de manifiesto que "no se evidencia, en esta fase, que el interés general en el cambio de régimen educativo sea tan intenso que deba prevalecer sobre la situación que hasta la fecha había venido desarrollándose". El Tribunal Supremo ha admitido que no cabe pronunciarse sobre "el fondo del asunto" y que el acto enjuiciado deriva sólo de la "renovación de un concierto educativo respecto de un centro que reunía los requisitos para ellos".