Taxistas de Santa Justa presionan por la supresión de seis licencias

La asociación de taxistas de Santa Justa de Sevilla ha comenzado a presionar al Ayuntamiento para que cumpla el compromiso de eliminar del mercado seis nuevas licencias del taxi con un gasto de 451.000 euros a repartir entre los profesionales que se retiren y en protesta por el retraso superior a tres meses del estudio que debe determinar cuántas licencias sobran en la capital.

El gremio asegura tener noticias de que finalmente no habrá dinero para las seis licencias cuya retirada se acordó el pasado 28 de octubre en la junta de gobierno local. Según fuentes de esta asociación, tienen información de que esta partida económica aprobada se desviará a cubrir nuevas deudas municipales teóricamente urgentes relacionadas con obras que han tenido sobrecoste.

Ante tales temores, un grupo de taxistas organizó ayer por la mañana una movilización con varias pancartas de denuncia en la parada de la estación ferroviaria. En los próximos días las trasladarán a la de Plaza de Cuba y preparan una campaña con pegatinas de protesta en los taxis contra la Junta y el Ayuntamiento. La iniciativa se produce al margen de las asociaciones mayoritarias (Unión Sevillana y Solidaridad del Taxi), a las que los profesionales de Santa Justa acusan de "estar adormiladas y no apretar al Ayuntamiento".

El Consistorio sevillano, sin embargo, no comparte los temores de estos taxistas. Fuentes de la Concejalía de Movilidad afirmaron ayer a este periódico de que los trámites para rescatar las seis licencias siguen su curso normal y que "sólo resta el informe favorable del Interventor (municipal), que llegará en breve fecha, para proceder al pago correspondiente". Cada taxista cuya licencia se suprima recibirá 68.700 euros, según el precio acordado a finales de octubre para rescatar cada licencia.

Según las mismas fuentes de Movilidad, tampoco se han paralizado los trámites del estudio sobre las licencias que sobran en el taxi porque "sigue su curso". Los taxistas de Santa Justa, por contra, se quejan de que el estudio debió encargarse a principios del pasado julio, a juzgar por los compromisos de Movilidad, y denuncian que los trámites se están dilatando demasiado. La demora del estudio podría llegar hasta tal punto que se llegue a las elecciones municipales de 2011 sin conclusiones sobre cuántas licencias sobran. La junta de gobierno del pasado octubre aprobó un gasto de 83.898 euros (IVA no incluido) para iniciar la contratación de una empresa que realice el estudio y también dio luz verde al pliego de condiciones técnicas para este contrato, que aún está por adjudicar.